Visto para sentencia el juicio contra Alcor Seguridad: «Era una trama criminal contra los trabajadores perfectamente organizada»

André Siso Zapata
André S. Zapata LUGO / LA VOZ

MONFORTE DE LEMOS

Los cuatro acusados, miembros de Alcor Seguridad, se sentaron por última vez en el banquillo de la Audiencia Provincial de Lugo
Los cuatro acusados, miembros de Alcor Seguridad, se sentaron por última vez en el banquillo de la Audiencia Provincial de Lugo A. SISO

Las defensas de la empresa monfortina concluyeron que no existió ningún delito contra los empleados, ya que «hasta se peleaban por hacer las horas extra y doblar turnos». La compañía ya ha devuelto 186.000 euros a varios afectados

29 nov 2023 . Actualizado a las 14:26 h.

El juicio contra la empresa monfortina Alcor Seguridad quedó este miércoles visto para sentencia tras casi diez años de travesía judicial. El proceso vio pasar a decenas de trabajadores por la Audiencia Provincial de Lugo durante ocho sesiones que ocuparon una semana y media la Sala Segunda de lo Penal lucense. Finalmente, el procedimiento que juzga una supuesta explotación laboral por parte de la dirección contra los empleados está ya en manos del tribunal, que decidirá la pena y su medida o la absolución de los procesados.

El juicio terminó este miércoles con las conclusiones y los informes de la Fiscalía, la acusación popular (la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera) y las defensas de los cuatro acusados, todos miembros de la dirección de Alcor Seguridad S. L., una corporación que nació en el año 2008 y sita en la localidad lucense de Monforte de Lemos.

Denuncias de decenas de empleados

El proceso nació en el año 2014 tras la denuncia de un trabajador, que responsabilizaba a la dirección de obligarles a realizar «jornadas maratonianas», con guardias que superaban las 24 horas y «bajo amenaza de despido» si no aceptaban las condiciones. Tras él, una treintena de trabajadores más, empleados en delegaciones de las Islas Canarias, el País Vasco o Asturias llevaron a cabo querellas similares.

Desde el inicio de la instrucción hasta esta última sesión del juicio, Alcor Seguridad ha seguido la misma línea de defensa: que eran los propios trabajadores los que pedían realizar turnos dobles y horas extraordinarias.

En su informe, los abogados de los acusados esgrimieron varios argumentos en este sentido. La defensa del director de la empresa, C. S. C., explicó que los hechos que se le imputan a su cliente «no son antijurídicos», ya que «no hay delito por ningún lado», por lo que «lo procedente es una sentencia absolutoria». 

«Los vigilantes "mataban" por realizar horas extra»

Además, la letrada recordó varias de las declaraciones de los trabajadores que testificaron durante el proceso. «Eran ellos quienes pedían trabajar turnos seguidos, como se ha demostrado aquí. Los vigilantes "mataban" por realizar horas extra, como expresó alguno de ellos en esta sala. Y nada de jornadas maratonianas. No permanecían 24 horas seguidas, sino que tenían turnos y podían dormir cuando quisieran en las cabinas habilitadas. ¡Incluso uno de ellos se sacó la carrera de Derecho mientras hacía horas extras!», relató la abogada.

Además, la defensa pidió al tribunal que se anulasen como pruebas las transcripciones de unas grabaciones aportadas por la acusación popular, ya que «no tuvimos acceso a ellas y ni siquiera están los audios íntegros en la causa».

Finalmente, solicitaron la valoración de dos atenuantes. El primero, de reparación del daño, ya que varios de los afectados retiraron sus denuncias y renunciaron a continuar en el proceso ya que fueron resarcidos por los acusados con un pago total de 186.000 euros durante la instrucción. El segundo, de dilaciones indebidas muy cualificadas, ya que el procedimiento se ha extendido durante casi diez años por diversos retrasos en la instrucción.

El fiscal: «Llamaban a la mutua para denegarle las bajas a los trabajadores que "se habían portado mal"»

Las tesis de la Fiscalía y de la acusación popular fueron en una dirección opuesta. Con respecto al representante del Ministerio Público, su extenso informe final apuntó en varias ocasiones a la jurisprudencia aplicable en este caso, que reforzaría su postura al considerar que «no solo se observa un delito contra los trabajadores, sino también uno de coacciones».

De esta forma, relató una serie de testimonios de los trabajadores durante las distintas sesiones del juicio, destacando las «prácticas abusivas» de la dirección o las amenazas de que «si no firmaban esas condiciones, no podrían trabajar allí». 

Finalmente, recordó «llamadas a la mutua» por parte de la empresa, en las que se decía que «no les dieran la baja» a determinados trabajadores «que se habían portado mal», o que «de las 800 y pico nóminas revisadas, solo en 56 se abonaban horas extraordinarias»

Tanto él como la acusación popular estuvieron de acuerdo en que se renunciaba a la responsabilidad civil por parte de una decena de trabajadores que «ya se sentían resarcidos». 

Una «trama criminal» contra los derechos de los trabajadores

Desde el sindicato, se adhirieron a la tesis de la Fiscalía, añadiendo una definición muy contundente. «Esto era una trama criminal contra los derechos de los trabajadores tan bien organizada durante años que desde la empresa sabían perfectamente cómo proceder para conseguir sus objetivos. Sabían dónde forzar a los empleados y con qué métodos, tanto contractuales como con presiones morales», explicó el letrado.

De esta forma y tras siete sesiones, el juicio quedó visto para sentencia. La Fiscalía y la acusación popular piden dos años y medio de prisión para el director de Alcor Seguridad y dos años para cada uno de sus cuatros socios, también imputados. Además, solicitan una indemnización de 6.000 euros para cada trabajador, restando a los que retiraron ya sus denuncias.