La empresa que quería abrir una gasolinera junto al hospital de Monforte pierde otro recurso
MONFORTE DE LEMOS
Una nueva sentencia avala la decisión municipal de expropiar los terrenos para construir un parque
07 mar 2022 . Actualizado a las 18:06 h.La empresa Gas Monforte S.L., con sede en Santiago, pierde un nuevo contencioso contra el Ayuntamiento. En esta ocasión la sentencia es del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Lugo, que en contra del criterio de la empresa avala la declaración de utilidad pública e interés social de la parcela que había adquirido en la ronda María Emilia Casas Baamonde. Gas Monforte pretendía ubicar una gasolinera en esos terrenos, que fueron expropiados por el Ayuntamiento para la construcción de un parque dotado de plazas de aparcamiento en las proximidades del hospital comarcal.
El Ayuntamiento dio a conocer este lunes el contenido de la sentencia, que concluye que la expropiación forzosa de los terrenos se ajustó a la legalidad. Con anterioridad, la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia había desestimado un recurso de la empresa contra la declaración de ocupación urgente de la parcela.
«Esta nova resolución favorable ao Concello, neste caso ditada polo Contencioso Administrativo de Lugo, vai ó fondo da cuestión e danos a razón no que é a declaración de utilidade pública e interese social dos terreos», destaca el alcalde. El fallo permitirá al Ayuntamiento, señala Tomé, «seguir adiante co proceso construtivo do futuro parque do hospital, que suporá unha mellora moi significativa para este barrio».
Las obras salieron a concurso por un presupuesto de 55.934 euros y fueron adjudicadas en abril del pasado año a la empresa Zona de Obras O Rosal por un precio de 478.017 euros. La constructora incumplió los plazos y el Ayuntamiento decidió rescindir el contrato. Las obras, que permanecen paradas desde comienzos de diciembre, se retomarán en cuanto se redacte un nuevo proyecto que permita licitar la parte que quedó sin completar.
La constructora a la que se le rescindió el contrato perderá la garantía y deberá indemnizar al Ayuntamiento por los daños y pérdidas ocasionadas en la cantidad que exceda al importe de ese aval, en cumplimiento de un dictamen del Consello Consultivo de Galicia favorable a la decisión municipal.