San Vicente do Pino, una propiedad municipal durante más de un siglo

El antiguo convento benedictino de Monforte fue de titularidad pública desde los tiempos de la Desamortización


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Los monjes benedictinos, tras más de mil años de presencia en la cima del monte de San Vicente do Pino, se vieron forzados a abandonar su monasterio en las décadas de los veinte y treinta del siglo XIX. Con la Desamortización, las dependencias religiosas pasaron a ser titularidad del Estado. Lo mismo ocurrió con el edificio que desde el siglo XVII había albergado el convento dominico de San Jacinto -o de Santo Domingo-, excepto la iglesia conventual, que pasó a parroquial. Y con el edificio que desde la Baja Edad Media sirvió como hospital, convertido en sede del Ayuntamiento y hoy destinado a otros menesteres.

Los monjes acabaron por volver a San Vicente casi un siglo después de la expulsión. Una vez retornados, una de las diferencias que tuvieron con el Ayuntamiento -que les permitió volver a residir en el monasterio- giró en torno al reloj del edificio. En 1928 pidieron a la corporación que les abonase los gastos de mantenimiento del artefacto, pero el Ayuntamiento contestó que no había nada que pagar, ya que estaba acordado que el servicio fuese gratuito. Formaba parte del acuerdo entre ambas instituciones.

Discusión sobre la propiedad

Durante los años de la Segunda República, entre 1931 y 1936, se producen discusiones en torno a la titularidad del edificio del monasterio. Entre los que tomaron parte en ellas se encontraba el concejal socialista Juan Tizón Herreros, que más adelante sería el último alcalde republicano de Monforte. En una de sus intervenciones en los plenos pidió que se elaborase un expediente para conocer la situación en que el Ayuntamiento se encontraba con respecto a la propiedad los edificios de la cumbre de San Vicente, que a su juicio habían sido donados ilegalmente por las corporaciones anteriores. Más adelante, ya en plena guerra civil y con el Ayuntamiento en manos de los sublevados franquistas, la orden benedictina presenta un escrito que dice: «... manifestando que en la cesión del Monasterio a dicha comunidad de Benedictinos se impuso a la misma la carga de la misa de doce de la parroquia de A Régoa gratuitamente, misa que viene celebrando la comunidad desde el año 1921, que los benedictinos volvieron a habitar de nuevo el monasterio que fue construido por sus antepasados de su misma orden, exento de toda carga, y que por lo mismo, tenían derecho, en cierto modo, a su posesión creyendo por lo tanto, ser una injusticia semejante carga, por todo lo cual, suplican a la Corporación acuerde dispensar a la Comunidad de esa carga y conmutarla por la de cuidar gratuitamente del reloj, que la Corporación tiene instalado en la torre de la iglesia (...)».

Los responsables del gobierno local franquista respondieron así a este requerimiento: «Desde el día primero del año actual continúa sin celebrarse misa de doce en la iglesia parroquial de la Régoa de esta localidad, a pesar de la obligación que tienen los P.P. Benedictinos de S. Vicente del Pino de celebrarla, en virtud del contrato celebrado con el Ayuntamiento de esta Ciudad desde el año 1920 por haberle este cedido el edificio de S. Vicente del Pino, que era propiedad de este Ayuntamiento para su residencia imponiéndole, entre otras, esta obligación». Añadieron que esa obligación fue respetada por el Ayuntamiento desde mediados del siglo XVIII y que era «un deber moral» velar por su cumplimiento.

Un hospital público a cargo de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados

El informe elaborado en respuesta a las peticiones de los benedictinos señalaba que el el Ayuntamiento había utilizado el edificio del monasterio de San Vicente do Pino «sin interrupción alguna» desde que fue incautado en el siglo XIX. Primeramente -según precisaba el documento- el inmueble sirvió como hospital municipal y después fue cedido a la comunidad de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, subvencionada por el Ayuntamiento y encargada de atender este centro. En la planta baja del edificio se instalaron los servicios de una institución benéfica creada en la ciudad, la Fundación López Monteagudo, que socorría a un gran número de pobres.

Al ser inaugurado un nuevo asilo a cargo de esta congregación religiosa, en octubre de 1919, las monjas restituyeron el edificio del monasterio al Ayuntamiento. En esas fechas, el gobierno local acordó con el obispo de Lugo la entrega del edificio para albergar a la orden benedictina. Según el mencionado informe municipal de la época franquista, «esos derechos del Ayuntamiento de Monforte de Lemos han sido reconocidos tanto por los P.P. Benedictinos como por el Ilmo. Obispo de la Diócesis al suscribir dicho contrato, como de parte del Estado, al autorizarlo el Excmo. Sr. Gobernador Civil de la provincia, corroborando dicho derecho el Ilmo. Sr. Delegado de Hacienda de Lugo, durante los ominosos años de la República, al exceptuar del pago de contribución urbana al expresado edificio, por destinarse a la Enseñanza sirviendo de prueba para su petición».

En la posguerra

Tras la guerra civil, favorecidos por el régimen franquista, los benedictinos registraron en Madrid la propiedad del histórico edificio. El obispo de Lugo dio su conformidad al comprobar que se había reconocido a la diócesis la propiedad de la iglesia y otras dependencias. En 1942, por medio de un decreto ley de la dictadura, pasa de nuevo a la orden benedictina. En 1951, el cenobio sirvió de residencia temporal a los monjes del monasterio de Samos, destruido entonces por un incendio. En 1996 fue «vendido» al Instituto Gallego da Vivenda e do Solo, que lo cedió al Estado para que fuese rehabilitado y convertido en el actual parador. La compra no se pagó en metálico sino en varias obras de mejora que deberían realizarse a lo largo de varios años en el monasterio de Samos.

«Que el Ayuntamiento ha poseído siempre el monasterio»

En su respuesta a la comunidad benedictina, el Ayuntamiento franquista decía por otra parte que en su momento la corporación había declarado en una escritura elaborada ante un notario de Lugo, el señor Montero Lois, que «se cedía a la Mitra de Lugo el Monasterio  de S. Vicente, que  esta aceptó con la obligación de continuar celebrando la misa de doce, que la entrega se hizo para que sirviese de residencia a los Benedictinos los cuales celebrarían la expresada misa. Que se ha presentado en esta alcaldía un escrito suscrito por la mayoría de los vecinos de esta localidad pidiendo se diese cumplimiento a la expresada obligación».

Unos años después la cuestión sale a relucir otra vez en un documento municipal: «Acto seguido se dio lectura a una comunicación de la Administración de Propiedades y contribución territorial de Lugo, dando traslado de otra de la Dirección General de Propiedades y Contribución territorial del Ministerio de Hacienda fecha 20 de abril último, pidiendo en relación con una instancia de la comunidad de P.P. Benedictinos de Monforte en súplica de que por el Ministerio de Hacienda le sea concedido el Monasterio de S. Vicente del Pino, exento de toda carga, informe al Ayuntamiento de Lemos, antes de acceder a lo solicitado».

Una comisión gestora formada en el Ayuntamiento para estudiar la mencionada comunicación acordó por unanimidad aprobar un informe sobre la petición de los monjes benedictinos que rezaba así: «Que el Ayuntamiento de Monforte de Lemos ha poseído siempre, el Monasterio de S. Vicente del Pino en concepto de dueño y con el pleno dominio sobre el mismo, con excepción de la Iglesia, sacristía y dependencias anejas a la iglesia que dependen de la Diócesis  de Lugo, como iglesia de una de las parroquias de esta Ciudad, administrándolo, disfrutándolo y atendiendo a su conservación, sin limitación alguna en un período de tiempo próximo a cien años».

Propiedad del Estado

El informe aprobado por el Ayuntamiento añadía que la alcaldía ignoraba «los fundamentos en que apoya su informe el Ilmo. Sr. Delegado de Hacienda de la provincia, para manifestar que dicho edificio pueda continuar figurando desde el punto de vista legal como de la propiedad del Estado. No puede alegarse como fundamento legal del acceso del Ayuntamiento de Monforte de Lemos al disfrute del expresado edificio, la Ley de 1 de junio de 1869, toda vez que con fecha muy anterior a ser dictada dicha disposición ya el Ayuntamiento de Monforte de Lemos lo venía poseyendo y utilizando como lo prueba un acuerdo de la Junta de Beneficencia de esta localidad del año 1854, que acredita dicha circunstancia».

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