La consellería de Política Social niega que esté endureciendo las condiciones
12 jul 2018 . Actualizado a las 09:55 h.No hay ninguna directriz de la Xunta para retirarle la renta de integración social (Risga) a quienes viven en las chabolas de As Lamas, a pesar de que algunos la han perdido en los últimos meses. Es lo que aseguran en los servicios sociales de la adminstración autonómica, los responsables finales del censo de perceptores de esta paga para personas que sufren graves problemas ecnómicos. La semana pasada una mujer residente en este poblado de chabolas se quedó en el paro tras ser despedida de la brigada de obras del Ayuntamiento porque ocupaba una plaza para potenciales beneficiarios de la Risga y la Xunta le retiró esta condición.
Lo sucedido con esta mujer y con otros residentes en As Lamas que también perdieron en las últimas semanas el derecho a cobrar la Risga provoca malestar en el Ayuntamento, cuya delegada municipal de Servizos Sociais, Gloria Prada, acusa a la Xunta de sacudirse un problema de encima sin importante cedérselo al Ayuntamiento. Sin embargo, los portavoces de la Consellería de Política Social aseguran que no hay ninguna directriz para endurecer las normas de acceso a este salario de integración social ni a los vecinos de As Lamas, ni a los de ningún otro punto de Galicia.
Eso solo no cuenta
De hecho, aseguran que vivir en una chabola no es en estos momentos un factor que por sí mismo pueda suponer un veto para ningún potencial beneficiario de la Risga. «O que se procura nos casos da xente que cobra esta renda é facer seguimentos persoais, adaptados á situación de cada un deles, porque as circunstancias persoais son enormememente diversas», aseguran estas fuentes oficiales. Entre los objetivos genéricos que se marcan los servicios sociales está que los perceptores que viven en chabolas consigan mudarse a una vivienda en buenas condiciones de habitabilidad. Pero insisten en que un fracaso en ese sentido no supone por sí solo la retirada de la paga.
La mujer que fue despedida de la brigada de obras incumplía más de un requisito
La Xunta no quiere dar explicaciones muy detalladas sobre las razones por las que le fue retirado el derecho a cobrar la Risga a la mujer residente en As Lamas que por esa causa fue despedida de su empleo en el Ayuntamiento. Entrar en detalles, alegan, les oblgaría a dar datos confidenciales que no deben revelar. Eso sí, aseguran que si bien influyó el hecho de que no consiguiese una vivienda fuera del poblado de chabolas, esa no fue la única causa.
La norma que regula el pago de la Risga es la Lei de Inclusión Social de Galicia, aprobada en noviembre del 2013. El reglamento que utilizan los servicios sociales para adjudicar esta paga a los aspirantes a cobrarla dice literalmente que tienen derecho a ello las personas que, previa valoración técnica, se encuentren en situación de exclusión social o en riesgo de sufrirla, que estén en paro y que no tengan recursos económicos en absoluto o que estos sean gravemente deficitarios y que además. La ley prevé además algunos supuestos concretos que dan derecho a cobrar la Risga a quienes no dispongan de ingresos, como ser víctima de violencia machista o tener una discapacidad superior al 33%. Precisamente, entre estos últimos está ser una persona sin hogar o «habitar en una infravivienda».
Más flexibilidad
En los servicios sociales de la Xunta aseguran que está en marcha una reforma legal para hacer todavía más flexible y personalizado el sistema de evaluación de las entradas y salidas en el centro de beneficiarios de la Risga.
Un intento municipal de realojo en pisos que solo funcionó a medias
La retirada de la Risga a la mujer que trabajaba en un puesto de la brigada local de obras en un puesto reservado para quienes tienen derecho a cobrarla sentó especialmente mal en el Ayuntamiento porque en los servicios sociales municipales saben de los problemas que se encuentran los residentes en As Lamas para encontrar una vivienda de alquiler que les permita dejar las chabolas. El Ayuntamiento tuvo en marcha desde noviembre del 2016 hasta finales del 2017 el denominado programa Vivienda 10, que ofrecía personal especializado para ayudar a los afectados a contactar con propietarios que aceptase alquilarles casas. En ese tiempo fueron realojadas seis de las veinte familias gitanas de As Lamas.
