Así se desinfló la Operación Noisa

La Voz

MONFORTE DE LEMOS

MARCOS MÍGUEZ

La investigación penal sobre la trama farmacéutica tenía que demostrar que había riesgo para los consumidores, pero los medicamentos no estaban deteriorados

16 dic 2017 . Actualizado a las 05:00 h.

Registros policiales en farmacias de Monforte, Marín, A Coruña y Barcelona y otras localidades, decenas de detenidos, almacenes de distribución clausurados... La denominada Operacion Noisa nació en el 2014 después de una denuncia presentada por la Agencia Española de Inspección y Control de Medicamentos, un organismo oficial dependiente del Ministerio de Sanidad y murió esta semana, archivada por la Audiencia Nacional. Entre los investigados, estaban los trabajadores de la empresa monfortina Celtifarma, propiedad de Carlos Iván López López y sus dos hijos, al que los investigadores consideraban el centro de una trama ideada para ganar dinero con el comercio ilegal de medicamentos.

El auto firmado el pasado día 12 por el juez Ismael Moreno, el titular del juzgado número dos de la Audiencia Nacional, no niega la existencia de comercio irregular, pero apunta a que no hay pruebas para atribuir delitos penales a ninguno de los investigados. Estas son las claves de esta resolución judicial

Cinco acusaciones. La investigación la abrió inicialmente el juzgado de instrucción número 46 de Madrid, que acabó delegando en la Audiencia Nacional. El juzgado veía indicios de hasta cinco delitos: contra la salud pública, contra la Hacienda pública, falsedad documental, estafa y blanqueo de capitales.

La distribución inversa. Esta modalidad de comercio irregular de medicamentos está en la base de toda la acusación. La Agencia Española de Inspección y Control de Medicamentos detectó que el almacén que tenían en Monforte los principales investigados servía de base para la acumulación de medicamentos obtenidos en determinadas farmacias, bien de forma directa o mediante compradores individuales que simulaban ser pacientes y cobraban por ello. Esos medicamentos eran después exportados a diferentes países europeos, en los que son mucho más caros que en España.

¿Por qué ni siquiera ha llegado el caso a juicio? Porque la distribución inversa puede constituir una irregularidad administrativa ?y de hecho, los principales procesados en esta operación han sido objeto ya de sanciones administrativas?, pero en este caso faltan pruebas para demostrar que además es perseguible penalmente. El delito contra la salud pública, el más grave de los cinco que figuran en la instrucción, requiere demostrar que los medicamentos distribuidos desde estos almacenes y estas farmacias llegaban a los consumidores alterados, caducados o, en general, en mal estado. El juez Ismael Moreno sostiene que no hay ningún indicio de que esto haya ocurrido. En lo que se refiere a los delitos fiscales, tampoco está acreditado cuánto se supone que defraudaron los implicados, ni está demostrado que la empresa Celtifarma tuviese contabilidad en b. De heecho, hay informes del Sergas que niegan fraude por parte de los farmacéuticos gallegos investigados. Las acusaciones de estafa y blanqueo están vinculadas al delito contra la Hacienda Pública, así que la falta de consistencia del primero, las hace caer todas.

La investigación policial determinó que el principal investigado tenía montado un negocio basado en la denominada distribución inversa de medicamentos. Esta expresión define el comercio mayorista de este tipo de productos desde las farmacias a mayoristas, al revés de como está permitido. Las farmacias están autorizadas para vender a pacientes, pero nuna al por mayor. El beneficio que se puede obtener de este tipo de comercio se basa en la diferencia de precio de los medicamentos entre los distintos países europeos. En general, en el sur se venden a un precio mucho más barato que en el norte. Si el mayorista compra grandes cantidades a precio español y después lo exporta para su venta a precios de Holanda, Alemania o Dinamarca, por ejemplo, el beneficio es enorme. La exportación de medicamentos de un país miembro de la Unión Europea a otro no es en sí misma una actividad ilegal, pero para dedicarse a ella hay que obtener una licencia especial de la que carecían los investigados en la Operación Noisa.