Nuevo empujón judicial a las obras de urbanización de la zona C en Monforte

Carlos Cortés
Carlos Cortés MONFORTE / LA VOZ

LEMOS

Las obras de la zona C incluye la demolición de las construcciones existentes dentro del área a reurbanizar
Las obras de la zona C incluye la demolición de las construcciones existentes dentro del área a reurbanizar cedida

Un juzgado de Lugo deniega la suspensión cautelar de la orden de desalojo de los terrenos que aprobó en su día el Ayuntamiento

09 abr 2022 . Actualizado a las 16:42 h.

El Ayuntamiento de Monforte suma otra victoria en los procedimientos judiciales abiertos en torno a la urbanización de los 22.000 metros cuadrados de la denominada zona C. Un juzgado de Lugo acaba de denegar la suspensión de la orden de desalojo de los terrenos que pedía uno de los propietarios afectados. El alcalde, José Tomé, celebra esta resolución judicial, que les permite, explica, seguir adelante «amparados pola legalidade e a xustiza». Las obras, que empezaron a mediados de febrero, terminarán este verano, si todo va según lo previsto.

La decisión judicial que acaba de hacer pública el Ayuntamiento tiene su origen en un recurso contencioso administrativo presentado por la representación legal de una constructora de Monforte con propiedades en la zona C. La empresa pedía la suspensión de la orden de desalojo aprobada en su momento por el Ayuntamiento para todas las propiedades que están dentro de lo que ahora esa zona de obras. Esa constructora había presentado unos meses antes otro recurso similar en el que pedía la suspensión cautelar del proyecto. Ese recurso sigue pendiente de sentencia, pero el juzgado que instruye el caso denegó aquella petición de suspensión del proyecto. El juzgado que examinó este segundo recurso tiene en cuenta este antecedente para rechazar también este. El tribunal alega que una vez que aquella medida cautelar fue rechazada, la única posibilidad para hacer caso de esta nueva solicitud sería que la orden municipal de desalojo implicase una «infracción fragante» de la ley. Los jueces que firman la resolución sostienen que no hay ninguna razón para pensar tal cosa, así que certifican la legalidad del aviso de desalojo. La constructora tiene quince días para presentar un posible recurso de apelación.

Público contra privado

En su valoración, en el Ayuntamiento recuerdan que la anterior resolución sobre este caso ya valoró que en un asunto como este prevalece el interés público que puede tener el proyecto sobre los intereses particulares de los propietarios que puedan resultar afectados.

La zona C incluye una amplia zona de terreno situada entre el barrio de Cobas, las calles Ourense y Rof Codina y el tramo del río Cabe que pasa junto al Parque dos Condes. El proyecto del Ayuntamiento contempla la reparcelación de toda esta zona para dejarla preparada para su futura urbanización, después de la construcción de calles y zonas verdes. Los propietarios recibirán una parte de los terrenos resultante que sea proporcional a la superficie que ya tenían previamente. Algunos de ellos no están de acuerdo porque dudan que los solares resultantes resulten suficientemente rentables.