El Ayuntamiento exige a la anterior empresa de la piscina 200.000 euros

Luis Díaz
LUIS DÍAZ MONFORTE / LA VOZ

LEMOS

Una auditoría externa concluye que el edificio de la piscina requiere mejoras urgentes
Una auditoría externa concluye que el edificio de la piscina requiere mejoras urgentes ROI FERNANDEZ

La reclamación es por los perjuicios que causó el incumplimiento del contrato

26 jun 2021 . Actualizado a las 11:00 h.

La empresa Alacer Ocio, responsable de la gestión de la piscina municipal hasta que fue intervenida por el Ayuntamiento, deberá responder de los daños y perjuicios que se derivaron del incumplimiento del contrato. El equipo de gobierno llevará al pleno que tendrá lugar el próximo lunes una reclamación por importe de algo más de 200.000 euros. Si el requerimiento no es atendido por la empresa, el pago de la indemnización podría resolverse por vía judicial. Los grupos de la oposición fueron informados el pasado jueves del contenido y los motivos de la reclamación en la comisión informativa de Facenda en la que se tratará este punto del orden del día.

El contrato con Alacer Ocio fue rescindido en octubre del pasado año. Ocho meses antes, la junta de gobierno local había decidido intervenir la concesión «polas graves perturbacións do servizo ocasionadas pola xestión empresarial» de las piscinas municipales. Tras la revocación del contrato, la firma pública Tragsatec -al grupo Tragsa- se hizo cargo de las instalaciones mediante un convenio de asistencia técnica a los ayuntamientos de la Diputación. El alcalde de Monforte, José Tomé, presidente a su vez del organismo provincial, avanzaba entonces la apertura de un expediente a la anterior concesionaria por los perjuicios económicos causados al Ayuntamiento.

La solicitud de indemnización -cuya aprobación en el pleno está garantizada por la amplia mayoría del grupo de gobierno- es consecuencia directa de la instrucción de aquel expediente. El importe de la reclamación estaba pendiente de la liquidación definitiva y de las conclusiones de una auditoría sobre el estado de las instalaciones que encargó el Ayuntamiento. En el momento de la rescisión del contrato, y según indicaron fuentes municipales, la empresa tenía deudas contraídas con la Seguridad Social y también pagos pendientes a algunos proveedores.