Ribeira Sacra, viñas BIC sin ayudas para levantar un cierre frente al jabalí

Luis Díaz
LUIS DÍAZ MONFORTE / LA VOZ

LEMOS

Pared de un viñedo derribada por los jabalíes en las semanas previas a la vendimia
Pared de un viñedo derribada por los jabalíes en las semanas previas a la vendimia CEDIDA

La viticultura a tiempo parcial condiciona el acceso a las subvenciones

07 oct 2020 . Actualizado a las 05:00 h.

Hay explicaciones para todos los gustos. Desde la paralización de la caza durante el confinamiento a la presión que ejercería sobre sus poblaciones la presencia del lobo en los montes. Lo cierto es que la querencia de los jabalíes por las zonas de ribera va en aumento, y con ella crecen exponencialmente los daños sobre el viñedo. Los viticultores que se deciden a cerrar sus explotaciones, tarea compleja y costosa con bancales de por medio, pierden el tiempo si buscan algún tipo de subvención. No existe una línea de ayudas específica y las genéricas priman a los profesionales inscritos en el registro de explotaciones agrarias de Galicia. El viticultor a tiempo parcial, sustento del paisaje cultural de la Ribeira Sacra que obtuvo la categoría de BIC, tiene todas las de perder en el reparto.

Los daños provocados por el jabalí van en aumento, pero actualmente no hay ayudas específicas para instalar cierres en viñedos. Así lo indican en Cestega, consultora especializada con sede en Monforte, y en las oficinas de Unións Agrarias y del Sindicato Labrego Galego. Si se producen pérdidas por ese motivo, queda la opción de denunciar en el teléfono 012 y solicitar alguna indemnización -previo informe sobre el terreno de los agentes medioambientales- que puede reinvertirse en la compra de estacas y alambres.

¿Compensa llamar al 012? «Depende», contesta sonrriente Ana Rodríguez, encargada de la oficina del SLG en Chantada. «Nós -añade- sempre pedimos que se chame, aínda que a resposta moitas veces non sexa a esperada». En la misma línea se pronuncia Mariano López Nieves, de Unións Agrarias. «Chamar hai que chamar, sempre. É a forma de que quede constancia dun problema que ten unha enorme gravidade», explica.

Accesibles en teoría

La orden anual de la Xunta que regula la prevención de los daños causados por la fauna silvestre financia la instalación de pastores eléctricos y vallados fijos con malla metálica. Sobre el papel, la convocatoria está abierta tanto a profesionales que ejercen la actividad agraria y figuran registrados como tal, como a titulares de explotaciones destinadas a autoconsumo, perfil en el que encajarían la mayor parte de los viticultores de la Ribeira Sacra. En la práctica, sin embargo, estos últimos, difícilmente pueden acceder al reparto.

«Hay un baremo para conceder esas ayudas y por puntuación los agricultores profesionales siempre van a estar arriba. Como el dinero disponible no cubre toda la demanda, es imposible que pueda prosperar la solicitud de un viticultor que tenga su principal fuente de ingresos en otra actividad», indica un técnico consultado por este diario.

La mayoría de los viticultores inscritos en el consejo regulador venden la uva de las viñas que cultivan, pero se trata de una ocupación ocasional que les permite obtener ingresos complementarios. De paso sustentan el paisaje que trajo consigo la declaración de Bien de Interés Cultural para más de mil hectáreas de viñedo en bancales, repartidas por el territorio que aspira a ser patrimonio de la humanidad.

Cierres perimetrales

«O carácter especial da viticultura na Ribeira Sacra vólvese na súa contra nas axudas, que non sempre están adaptadas á realidade dos sitios», apunta desde el SLG Ana Rodríguez. De hecho, y pese a que los daños del jabalí van en aumento, los planes de reestructuración del viñedo no incluyen entre los capítulos subvencionables la instalación de cierres.

Desde el sector defienden que la colocación de postes de madera y mallas metálicas no supone impacto alguno para el paisaje. Hay expertos que sugieren, no obstante, que podría ser más eficaz y estético realizar cierres perimetrales en los límites de los viñedos con las zonas de monte, mediante convenios entre la administración y ayuntamientos, comunidades de montes o asociaciones profesionales.