Una auditoría valora el estado de la piscina con vistas a una nueva concesión

Luis Díaz
LUIS DÍAZ MONFORTE / LA VOZ

LEMOS

Protesta en el exterior de la piscina municipal por el impago de nóminas a los trabajadores
Protesta en el exterior de la piscina municipal por el impago de nóminas a los trabajadores CARLOS CORTÉS

El actual contrato se rescindirá si la empresa interrumpe el servicio un solo día

28 ene 2020 . Actualizado a las 16:57 h.

El contrato de la piscina municipal solo se rescatará si los técnicos consideran que se dan las circunstancias para ello. Y de momento, según el alcalde, no es así. Si el Ayuntamiento da un paso en falso, sugiere Tomé, podría tener que indemnizar a la empresa que recibió la concesión. «O que non podemos é ir á brava e ter que pagarlle cando a piscina funciona como está funcionando», señala. Tanto en una futura adjudicación como si es necesario recurrir a una empresa puente, el gobierno local garantiza «os postos e condicións laborais dos traballadores a través da subrogación».

La vuelta a una gestión municipal de la piscina, que planteaban PP y Esperta Monforte en sus respectivas mociones, quedó totalmente descartada por el alcalde en el último pleno. Tampoco se contempla por ahora el rescate de la concesión, por el que abogaban como primer paso ambos partidos. Tomé leyó un informe del servicio de contratación que establece los incumplimientos en los que debería incurrir la empresa para poder iniciar un procedimiento de este tipo. Según el gobierno local, solo si se llegase a dar al alguno de estos supuestos se activarían los mecanismos para la extinción del contrato.

El alcalde solo puso un ejemplo en el pleno. En el caso de que la piscina cerrase un solo día, sin una causa mayor que justificase su inactividad, la concesionaria incurriría en una falta tipificada como «muy grave» y el Ayuntamiento podría extinguir el contrato con las debidas garantías. Un procedimiento de estas características, sin embargo, no se resolvería de la noche a la mañana. Previamente habría que dar audiencia a la empresa y resolver sus alegaciones en los plazos que contempla la ley.