Un monfortino reclama 60.000 euros por la confiscación de su casa en 1939

La familia tuvo que pagar por ella de nuevo para recuperarla quince años después


MONFORTE / LA VOZ

Los sucesivos escritos dirigidos en los últimos meses por Comisiones Obreras a las instituciones competentes no permitieron zanjar del todo la «grave injusticia» cometida por el gobierno franquista con la familia de un octogenario monfortino que busca ser resarcido con la ayuda del sindicato. El reclamante es el único heredero de una vivienda de la calle Concepción Arenal promovida por la Cooperativa Española de Casas Baratas Pablo Iglesias que adquirieron unos tíos suyos en 1935. Al término de la guerra civil, la propiedad fue confiscada por el Estado. Sus dueños pudieron recuperarla en 1954 después de pagar 10.000 pesetas, lo mismo que habían desembolsado por ella quince años antes.

«No nos vale con que reconozcan, como hicieron hasta ahora, los daños morales causados a esta familia. También merece ser resarcida económicamente porque tuvo que pagar dos veces por su casa», dice Mario Docasar, responsable de CC.OO. en la comarca. Los servicios jurídicos del sindicato, a los que recurrió el heredero de esa propiedad, cifran en 60.000 euros el importe de la indemnización que le correspondería. Calculan que es el equivalente actual de los 10.000 euros que tuvieron que abonar sus parientes por algo que en realidad ya era suyo.

Comisiones Obreras dirigió hasta la fecha tres escritos a la Dirección General para la Memoria Histórica del Ministerio de Justicia, de los que trasladó copia a la subdelegada del Gobierno en Lugo y a la propia Fundación Pablo Iglesias. El sindicato argumenta que el artículo cuarto de la ley de memoria histórica avala la indemnización que reclama este monfortino, al contemplar «medidas reparadoras» compatibles con el «reconocimiento personal» de los perjudicados.

La responsabilidad patrimonial del Estado cubre a las personas afectadas y, en caso de fallecimiento, «al cónyuge o persona ligada por análoga relación de afectividad, sus ascendientes, sus descendientes y sus colaterales hasta el segundo grado». Docasar dice que en este caso ya se produjo una reparación moral, pero entiende que no se hará justicia sin aplicar la correspondiente indemnización.

A poca distancia del cuartel

La vivienda confiscada tras la guerra civil, de una planta y ochenta metros cuadrados de superficie, está en la calle Concepción Arenal, en el entorno de la estación de ferrocarril. En 1939 pasó a ser residencia de la familia del capitán de la Guardia Civil. Sus propietarios, tíos del reclamante, vivieron de alquiler hasta que en 1954 se les ofreció la posibilidad de recuperarla previo pago de otras 10.000 pesetas.

«La casa tenía servicios y agua corriente, caliente y fría, que era un lujo para la época», apunta Docasar. La proximidad al cuartel de la Guardia Civil -hay apenas cincuenta metros de distancia- pudo contribuir, según su criterio, a que fuese confiscada por las autoridades franquistas. El portavoz sindical asegura que seguirán adelante con sus reclamaciones hasta conseguir que el Estado devuelva el dinero que tuvieron que pagar sus propietarios para recuperarla.

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