La nueva ley de la Xunta deja en manos del Ayuntamiento el inicio de los trámites
23 may 2019 . Actualizado a las 20:24 h.Los propietarios de edificaciones en ruina lo tienen más difícil desde ayer para esquivar su obligación de realizar obras que corrijan esa situación. Este miércoles entró en vigor la ley de rehabilitación que aprobó en enero el Gobierno gallego. Sobre el papel, establece medidas suficientemente contundentes para atajar el deterioro del parque residencial en amplias zonas de Monforte. A la hora de la verdad, sin embargo, sus efectos prácticos podrían tardar en dejarse ver. Ni en el Ayuntamiento ni en la oficina de rehabilitación tienen claro cómo llevar a la práctica la colaboración municipal que demanda la Xunta para que el nuevo marco legal no sea papel mojado.
En algunos aspectos, la ley que acaba de entrar en vigor establece las exigencias que ya aparecen recogidas en ordenanzas de carácter municipal. Básicamente, la obligatoriedad que tienen los propietarios de mantener sus inmuebles en condiciones de «seguridad, salubridad y ornato público». La novedad radica en los instrumentos que se contemplan para conseguir ese objetivo, entre los que figura la posibilidad de expropiar las edificaciones cuyos dueños no realicen las obras de conservación oportunas.
Con un 22% de casas vacías y 3.042 edificaciones de más de medio siglo de antigüedad, en Monforte hay terreno abonado para testar la eficacia de la nueva normativa. Pero aunque las expropiaciones correrían a cargo de la Xunta, son los ayuntamientos los que deben activar el procedimiento necesario para llevarlas a cabo. Toda una papeleta en vistas del estado de conservación de muchas edificaciones locales. «Para desenvolver unha lei non chega con publicala no boletín», dice el alcalde. En todo caso, señala Tomé, será el gobierno que salga de las elecciones el que tenga que mover ficha en lo relativo a las casas en ruina.
Las apariencias engañan
En la oficina municipal de rehabilitación no se hizo ningún censo sobre este tipo de edificaciones. La referencia son los datos recopilados en el plan especial de protección del caso histórico. Según este documento, en las calles del casco viejo hay 95 construcciones «en mal o muy mal estado» y 36 de ellas presentan «patoloxías que se aproximan ao estado de ruína».
«Es un tema muy delicado, porque muchas edificaciones engañan. Parece que no están tan mal y luego resulta que se vienen a bajo», apunta Natalia Díaz, responsable de la oficina de rehabilitación. Los datos del plan especial tampoco incluyen, por otro lado, inmuebles situados en el barrio de la Estación, donde el deterioro edificatorio también es patente. En principio, la nueva ley allana el camino para que las ayudas del área de rehabilitación pueda ampliarse a esa zona si lo pide el Ayuntamiento.
La ITV edificatoria también será responsabilidad municipal y afecta a 3.042 edificios
La nueva ley de rehabilitación y regeneración urbana no solo deja en manos de los ayuntamientos el inicio de los procedimientos que podrían desembocar en la expropiación forzosa de las edificaciones en ruina. También serán las administraciones locales las encargadas de velar por el cumplimiento de la obligación de contar con un informe de evaluación sobre su estado en los edificio de más de cincuenta años de antigüedad. Según los datos del Instituto Galego de Estatística, en Monforte deben someterse a esa ITV urbanística 3.042 edificaciones que albergan un total de 5.918 viviendas.
La Xunta, que en su día amagó con la posibilidad de implantar un canon disuasorio a los dueños de casas en estado ruinoso, aboga por la coordinación con los ayuntamientos y las oficinas locales de rehabilitación para llevar a la práctica las directrices de la nueva ley de regeneración urbana. No se han producido, sin embargo, contactos entre ambas administraciones encaminados a conseguir este objetivo. «No hemos recibido ningún tipo de directrices. De momento, estamos analizando el texto», dice la arquitecta responsable de la oficina de rehabilitación.