«Para abolir la prostitución tiene que haber consecuencias penales para los clientes y los proxenetas»
LEMOS
Paula Fraga Arias, como abogada y especialista en leyes, conoce la legislación en Europa sobre esta materia y ha analizado las posibles soluciones.
-La gran pregunta. ¿Cómo se puede evitar o combatir la prostitución?
-Pues siempre hablo del referente de Suecia, que es abolicionista desde 1999. Pero su argumentario se fundamenta en que la prostitución es violencia contra las mujeres y una violación de los derechos humanos. Estas ideas supusieron un cambio en el imaginario colectivo, hasta el punto de que en Suecia perciben hoy al putero casi como un delincuente, está mal visto socialmente, cuando, por ejemplo, en España está más normalizado.
-Pero habría que trabajar en el apoyo de las prostitutas.
-Por supuesto, otra de las medidas necesarias, además de la ley, es aportar fondos para la asistencia, protección y salida de las mujeres prostituida. Eso supone ayudas y formación médica, psicológica y alternativas laborales.
-¿Y para los proxenetas y clientes?
-Para abolir la prostitución tiene que haber consecuencias penales para los clientes y proxenetas. Hay que penalizar la compra de objetos sexuales que usan los puteros e incluso que acarreen penas de prisión si utilizasen a menos de edad o mujeres en situaciones vulnerables. Y luego debe haber consecuencias penales para los proxenetas. Y también sería buena una ley de prevención de abusos sexuales.
-Un problema es que diversos países de Europa tienen legislaciones diferentes, y luego se ven situaciones absurdas, como clubes en la frontera de España y Portugal.
-O en Francia, que desde el 2016 tiene una ley abolicionista que persigue al putero, lo que ha generado que Cataluña sea la cuna del proxenetismo en España. El Parlamento Europeo debería exigir una legislación común.
-¿Cómo está la prostitución en Lugo?
-Pues por desgracia el caso Carioca ha puesto a Lugo en el mapa al ser el caso más sonado de proxenetismo en España, con más de 400 mujeres y niñas usadas en situación de explotación sexual. Pensemos que en una población de 90.000 habitantes, 400 fueron prostitutas. Eso supone un porcentaje poco común en España.