Los regantes temen que la deuda del canal lastre la venta de tierras

El ministerio actualiza las tasas pese a que no se pagan desde el año 2002


MONFORTE / LA VOZ

El Ministerio para la Transición Ecológica acaba de hacer publicas, por acuerdo de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, los nuevos precios que rigen por el canon y las tarifas de utilización del agua en los embalses de esa cuenca. En el caso de la presa de Vilasouto, de la que depende el regadío Val de Lemos, la revisión de tasas para el año entrante no deja de ser un brindis al sol, porque no se pagan desde el año 2002. La comunidad de regantes las consideraba abusivas para una zona sin apenas desarrollo agrario y eligió el camino de la insumisión fiscal ante la falta de respuesta a sus demandas.

La administración estatal no encontró un encaje legal a las peticiones de los regantes, debido a la excepcionalidad que supondrían frente a otras comunidades. Los impagos del canal Val de Lemos nunca fueron requeridos a través de Hacienda, pero la deuda sigue viva. Si no toda, al menos la de los últimos cuatro años, que son los que no prescribieron. «As terras son as que acumulan a débeda e iso pode supoñer un problema», señala la presidenta de la asociación de regantes, Alicia Toirán.

El Estado todavía no gravó las tierras situadas en el área de dominio del regadío con los impagos de los titulares. Pero en la asociación de regantes asumen que es algo que puede suceder y que de llevarse a la práctica traería problemas. «Se o chegan a facer, o que merque unha finca cargará tamén coa débeda do anterior propietario», dice Alicia Toirán.

El funcionamiento de la asociación de regantes evita el desmantelamiento del canal. Fue constituida en sustitución de la comunidad de regantes, sobre la que podría haber actuado Hacienda debido a los impagos. Para garantizar la continuidad del regadío, la asociación debería recaudar entre propietarios de tierras y usuarios del canal en torno a medio millón de euros. El año en el que consiguió reunir más dinero se alcanzaron algo más de cien mil euros.

La solución, admite Alicia Toirán, «non é sinxela». Los regantes no pagan y la administración no condona la deuda que no prescribe. Las tierras, por el momento, quedan al margen.

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