Tres años para reclamar a Aqualia el pago de la obra de la Corredoira

Luis Díaz
LUIS DÍAZ MONFORTE / LA VOZ

LEMOS

ROI FERNANDEZ

Es el primer requerimiento municipal a la empresa en cerca de 18 años de contrato

29 nov 2018 . Actualizado a las 05:00 h.

El Ayuntamiento requiere formalmente a Aqualia el pago de la nueva traída de agua de las calles Corredoira, Irmáns Dapena y José de Garabantes. No sin tiempo, porque en enero próximo se cumplen tres años del comienzo de los trabajos que pusieron fin a los problemas de suministro en el entorno del hospital. «O expediente non estivo completo ata agora», se excusa el alcalde. Pero resta trascendencia a ese retraso. Lo importante, y de lo que afirma sentirse «orgulloso», es «ter arranxado o problema que sufrían os veciños». Además, sostiene Tomé, «é a primeira vez en dezasete anos e medio de contrato que se lle reclama algo á empresa».

La corporación municipal decidió en el pleno del lunes requerir a la concesionaria el pago de la nueva canalización que está operativa desde abril del 2016. No es el primer acuerdo en este sentido, pero el anterior había sido en respuesta a una moción del BNG. Ahora no se trata de un pronunciamiento simbólico, sino de un requerimiento en toda regla avalado por los informes jurídicos y económicos de secretaría e intervención. No adscritos, BNG y Esperta Monforte respaldaron en este punto al equipo de gobierno. Los concejales del PP, por el contrario, optaron por abstenerse.

Julia Rodríguez, portavoz de los populares, cree que el alcalde «no es de fiar» cuando está de por medio el contrato de Aqualia. Tampoco esta vez las tiene todas consigo, porque a su juicio los informes sobre lo que debe pagar Aqualia por las obras de la Corredoira son «contradictorios». La concejala del PP no ve claros en esa documentación «los motivos por los que hay que pagar esa cantidad y no otra».

Las obras se contrataron a raíz de una sucesión de roturas que agravaron los problemas de suministro que padecían desde tiempo atrás los vecinos del barrio del hospital. En aquel momento, la interventora suscribió en un informe en el que señalaba que la renovación de la traída podría entrar en las obligaciones de la empresa recogidas en el contrato. El coste final de las reformas fue de 254.141 euros, pero el Ayuntamiento solo le reclama 167.696 a la concesionaria del servicio de agua.

La aportación municipal

Los técnicos municipales entienden que una parte del proyecto, valorada en 86.445 euros, corresponde a mejoras urbanísticas que deben ser costeadas con cargo al presupuesto local. Para la oposición, sin embargo, hablar de «urbanización» en esas tres calles es mucho decir. «O remate das obras é tan malo que non vexo cualificativos para definilo», afirma la concejala no adscrita Pilar López. Desde Esperta Monforte, por su parte, apuntan que no se debió aceptar la entrega de la reforma en esas condiciones. «O asentado das plaquetas non se consolidou e cederon nalgúns sitios», señala la portavoz de esta formación, Maribel García.

El concejal del BNG Emilio Sánchez coincide en que las obras podrían haber quedado mucho mejor, pero prefiere hacer una lectura en positivo del requerimiento. «Por primeira vez tómanse medidas contra Aqualia, Agardo que este acordo dea paso a outras moitas reclamacións», argumenta.

La propuesta de sanción por el corte de agua que duró tres días será de 4.000 euros

La corporación municipal también corrigió en el último pleno las omisiones en uno de los artículos del contrato con Aqualia que impedían sancionar a la empresa en caso de faltas graves. El Ayuntamiento comprobó la existencia de un error de redacción cuando abrió un expediente contra la empresa por la avería que dejó al casco urbano sin abastecimiento de agua durante casi tres días.

El suministro de agua se interrumpió como consecuencia de la rotura de una tubería justo bajo la vía del tren. Esa circunstancia complicó la reanudación del suministro, que se vio entorpecida por otros problemas que surgieron a raíz de la reparación de la avería. Primero reventó la conducción que se usó de forma provisional y luego se produjo una fuga que dejó sin agua los depósitos de San Vicente.

A raíz de esos episodios, el equipo de gobierno abrió un expediente que se vio paralizado en un primer momento por la deficiente redacción del contrato. Solventada la indefinición del capítulo relativo a las sanciones, la tramitación seguirá ahora adelante. La multa a la que se enfrenta Aqualia es de 4.000 euros, de acuerdo con ese apartado de la concesión.

El PP también se abstuvo en esta cuestión. «Por indicación del gobierno municipal se nos plantean algunas cuestiones por las que, si llegamos a votarlas a favor, podríamos acabar cuando menos investigados», afirma la portavoz de este grupo, Julia Rodríguez. Esta corrección, según su criterio, podría suponer una modificación unilateral del contrato del agua.