El juzgado da la razón a un vecino de Quiroga que denunció que una pizarrera invadió sus terrenos

l. d. DATA / AGENCIA

LEMOS

ROI FERNANDEZ

14 nov 2018 . Actualizado a las 05:00 h.

En noviembre de 1992, un grupo de vecinos de poblaciones de Quiroga próximas a una industria pizarrera anunciaban su intención de denunciar a las empresas por una presunta usurpación de tierras. Algunos de aquellos propietarios disconformes se decidieron a recurrir a los tribunales, con desigual fortuna en los resultados. Dieciséis años después de que se plantease el conflicto, una sentencia le da la razón a uno de los vecinos que recurrieron a los tribunales.

Leonardo Fariña interpuso un recurso contra Pizarreras Quiroga S.A. y Seregrifor S.L., por entender que ocupan terrenos que en realidad son de su titularidad. En enero del 2008, la Audiencia Provincial de Lugo se pronunció sobre este asunto en una resolución en la que advertía la existencia de una «confusión de límites» que hacía necesario un deslinde. Por común acuerdo, se designó a un perito para que procediese al deslinde de fincas.

El dictamen del perito es favorable al demandante y el Juzgado de Instrucción Número 2 de Monforte resuelve también a su favor en una reciente sentencia.

Pizarreras Quiroga y Seregrifor se hicieron en un concurso de acreedores con la titularidad de los terrenos que era propiedad de la extinta Ferlosa en la pizarrera de Barca do Castelo, situada en las proximidades del polígono industrial de Quiroga. Leonardo Fariña reclamaba desde comienzos de los noventa que se le devolviesen tres hectáreas que entendía que le habían sido ocupadas irregularmente por la pizarrera.

Una comisión judicial se personará en los próximos días en Barca do Castelo para formalizar el deslinde propuesto por el perito y ratificado por el Juzgado de Monforte. A partir de ese momento, las tres hectáreas de terreno serán escrituradas con Leonardo Fariña como titular en el registro de la propiedad. El demandante manifestó ayer estar muy satisfecho con la sentencia, la primera favorable a los intereses de los vecinos que denunciaron la ocupación de sus terrenos por la pizarrera.

Ante la confusión existente a la hora de marcar las delimitaciones, el perito que elaboró el informe recurrió a la información catastral existente en los años cincuenta del pasado siglo. En fechas posteriores, señala la sentencia, «comenzaron una serie de litigios» que impedían llegar a conocer con exactitud su situación jurídica. Las empresas demandadas objetaron que las «modificaciones en la configuración del terreno» invalidan el dictamen del perito.