Fracasa un nuevo intento de salida negociada al conflicto con Aqualia

La oposición ve insuficiente la reclamación de 3,5 millones planteada por el alcalde


MONFORTE / la voz

A la tercera no irá la vencida. Básicamente porque, al menos por parte del actual gobierno municipal, no habrá un tercer intento de llegar a una salida negociada al conflicto con la empresa concesionaria del agua. El alcalde, José Tomé, lo dejó claro antes de la celebración del pleno de ayer, en el que naufragó una nueva propuesta para requerir a la empresa las inversiones pendientes. Fue rechazada con nueve votos en contra: cinco del PP, tres de los no adscritos -faltaba la concejala Alicia Cadarso- y uno de Esperta Monforte. El grupo de gobierno, integrado por los seis concejales del PSOE, solo pudo arrancar de la oposición la abstención de Emilio Sánchez, único representante del BNG.

En la anterior propuesta, rechazada por el pleno con el voto en contra de toda la oposición, se requería a la concesionaria del agua el pago de 1,7 millones por las inversiones comprometidas en el contrato que no se llevaron a la práctica entre los años 2001 y 2003. Sobre la base de los cálculos de intervención, los responsables municipales requerían ahora a Aqualia por ese mismo concepto 3,5 millones de euros. Esa diferencia de 2,9 millones de euros justifica sobre el papel la desconfianza de la oposición.

Consecuencias legales

La concejala del PP Julia Rodríguez sacó a relucir el «baile de cifras» en torno a la deuda de Aqualia. Al igual que el resto de portavoces de la oposición, defendió que procede revisar en su conjunto el cumplimiento del contrato «en vez de ir a cachiños». Los populares no tienen claro que la reclamación que planeta el alcalde sea la mejor salida y temen que una futura corporación les pueda pedir cuentas incluso legalmente por un acuerdo «lesivo» para los intereses municipales. La portavoz de los no adscritos, Pilar López, fue más lejos y sugirió que podría existir un acuerdo previo entre el equipo de gobierno y la empresa.

El alcalde salió al paso de esas críticas y acusó a la oposición de buscar excusas sin fundamento con el propósito de echar por tierra «o primeiro intento que se fai para arranxar esta situación». «A vostedes non lles preocupa para nada o tema de Aqualia, ao único que veñen aquí é a tratar de evitar que saia coa medalla que din que quero colgarme», respondió Tomé a un comentario de la concejala de Esperta Monforte Maribel García.

Tampoco coinciden las cuentas a la hora de fijar el desfase de las tarifas

Previo acuerdo de la junta de gobierno local, a finales del pasado mes de marzo le fue requerido a Aqualia el pago de 2.211.980 euros en concepto de las inversiones incluidas en la oferta del contrato que no habrían llegado a realizarse finalmente. La empresa apuró al máximo los quince días hábiles de plazo de que disponía para responder a la reclamación municipal. Contestó con una contraoferta en la que rebajaba la deuda por ese concepto a 1.005.000 euros.

En los prolegómenos del pleno en el que se debatió si procedía o no seguir adelante con el requerimiento, la concesionaria del servicio de agua movió ficha de nuevo. Esta vez para reclamar al Ayuntamiento las cantidades que dejó de ingresar en los años en los que no se procedió a la actualización del IPC.

También en este caso las cuentas difieren de forma sustancialmente según quién sea el autor de los cálculos. La empresa calcula que entre la firma del contrato en el 2001 y el año 2017 dejó de ingresar un total de 1.891.760 euros debido a la no actualización de las tarifas conforme al IPC. Por el contrario, un informe de la intervención municipal del que se dio cuenta en el pleno rebaja esa deuda a 477.971 euros.

Subida de recibos

Aqualia considera además que deberían ser aprobadas nuevas tarifas actualizadas por el servicio de agua y saneamiento, lo que según sus cálculos pasa por una subida porcentual del 18,61%. Tras la negativa de la corporación a acceder a sus pretensiones económicas, le queda el recurso de la vía judicial.

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