El deslinde estatal invalida parte del plan de urbanismo de Sober

La Xunta autorizó un ordenamiento que ocupa más de diez hectáreas de Monforte

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monforte / la voz

El desenlace del conflicto de límites entre Monforte y Sober parece algo más próximo. Después de veinticuatro años de tira y afloja, y algún amago de demanda judicial por medio, el deslinde neutral que querían ambos ayuntamientos está listo. Aunque no da del todo la razón a ninguno de ellos, el dictamen del Instituto Geográfico Nacional (IGN) se aleja por completo de la divisoria que plantea Sober. Si la Xunta da por bueno el informe de este organismo del ministerio de Fomento, parte del plan general de ordenación municipal de ese municipio quedará invalidado.

«Non sei se o terán que refacer ou se vai quedar sen efecto só na parte que afecta ao polígono. Pero algo van ter que facer, porque un plan municipal non pode incorporar terreos que pertencen a outro concello», señala el alcalde de Monforte, José Tomé.

La divisoria que plantea este ayuntamiento coincide con el camino de A Vacariza. Los técnicos de Fomento la sitúan algo más atrás, pero sus límites dejan la totalidad del polígono industrial dentro del municipio monfortino. A Monforte le vale, por ello, el mapa que traza el IGN tras examinar la documentación que aportaron ambas partes.

Posición delicada

A la espera del informe definitivo, pendiente de las alegaciones de ambos municipios, el deslinde estatal deja en una posición delicada a la Xunta. Será la Consellería de Presidencia, a través de la Dirección Xeral de Administración Local, la que en vista de ese dictamen decida quién tiene razón. De prosperar el actual criterio del IGN, el plan de urbanismo de Sober habrá incluido de forma irregular algo más de diez hectáreas de terreno pertenecientes a Monforte, de las que cuatro aproximadamente están dentro del polígono industrial de O Reboredo.

El Ayuntamiento de Monforte alegó en su día por este motivo contra el plan de urbanismo de Sober, pero por lo que parece su reclamación nunca fue contestada. «Aínda hoxe non entendo como a Xunta aprobou o plan xeral de Sober. Está invadindo parte dos terreos de Monforte e vai ter que ser revisado», dice Tomé.

El plan general de Sober recalifica como suelo industrial los terrenos situados como en la zona cuya titularidad disputa a Monforte. La documentación relativa al nuevo ordenamiento urbanístico fue una de las pruebas que remitió Sober a IGN para validar los límites que defiende.

El conflicto por la divisoria trascendió en 1993 tras una disputa de terrenos en Marcelle

La indefinición de la línea divisoria de Monforte y Sober viene de atrás, pero no trascendió hasta el año 1993. Los respectivos alcaldes, Celestino Torres y Jesús Vázquez, desvelaban entonces que no existían unos límites legalmente fijados entre ambos municipios. Sigalsa, empresa que gestionaba entonces el polígono industrial de O Reboredo, buscaba una mayor seguridad jurídica para poder desarrollar las sucesivas fases previstas en el proyecto. Para ello propugnaba un acuerdo entre ambos ayuntamientos que nunca llegó a producirse.

La disputa por los terrenos de O Reboredo tiene solera. Ante la falta de acuerdo entre los ayuntamientos, la dirección del catastro ya optó por realizar su propia delimitación en 1934. Tuvieron que transcurrir casi sesenta años para que Sober se decidiese a mover ficha. «O que ocorreu en 1934 foi que o Concello de Sober non se preocupou por pedir o seu, pero nós agora si o faremos», declaraba Jesús Vázquez cuando se reavivó la disputa por los límites territoriales.

Curiosamente, el problema de la divisoria de Monforte y Sober en el polígono industrial salió a relucir hace veinticuatro años a raíz de las denuncias de los vecinos de la parroquia monfortina de Marcelle por una supuesta ocupación de terrenos por parte de Sober. En el 2001, cuando Sigalsa acometió la última ampliación del parque empresarial de O Reboredo, la entonces alcaldesa de Sober, Raquel Arias, amagó con denunciar las obras en el juzgado. La solución que propugnaba para zanjar de una vez por todas la controversia era la gestión compartida del polígono.

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