El alcalde de Chantada pide una reunión con la Xunta para anular los expedientes
28 ago 2017 . Actualizado a las 21:41 h.La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) intensificó sus inspecciones en las bodegas situadas en la ribera de San Fiz, la zona de viñedo de Chantada con mayor concentración de este tipo de edificaciones de toda la Ribeira Sacra. Algunos propietarios fueron requeridos para reformar el mobiliario o elementos externos. Otros se enfrentan a expedientes que podrían suponer la demolición de sus construcciones. Esta circunstancia no pudo ser confirmada a través de la Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, pero sí por el alcalde de ese municipio.
El regidor, Manuel Varela, tiene solicitada una entrevista con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, al que expondrá la necesidad de paralizar los expedientes de demolición. Su principal argumento es que el plan general de ordenación municipal, que ahora se encuentra en fase de tramitación, consolidará urbanísticamente las edificaciones cuya legalidad se cuestiona. «Non ten moito sentido pedir que se derrube o que dentro de dous anos se vai poder facer de novo», dice el regidor.
Al menos habría dos
Ni la consellería ni el Ayuntamiento aportan datos sobre el número de bodegas afectadas por los expedientes de demolición. Algunas fuentes apuntan a que al menos dos edificaciones de este tipo se encuentran en esa tesitura. Las resoluciones, de momento, no son firmes. La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística todavía tendrá que responder a las alegaciones de los propietarios. Si esas objeciones fuesen rechazadas finalmente, todavía les quedaría un último cartucho. Podrían recurrir a un contencioso cuya tramitación daría tiempo a que se aprobase el plan de ordenación municipal.
El argumento de la APLU es que el uso real de las bodegas no coincide con su función original. Desde su punto de vista, existiría un aprovechamiento residencial de construcciones que deberían limitarse a la vinificación. El alcalde no oculta su contrariedad ante este tipo de argumentos. «O que non poden pretender é que nunha adega non haxa unha mesa en condicións, ou unha cociña para facer a comida», señala Manuel Varela.
Las construcciones sobre las que pesa la amenaza de derribo fueron levantadas, al parecer, con la correspondiente autorización del Ayuntamiento. El uso residencial, explican los técnicos municipales, no es un argumento válido porque la ribera carece de servicios como luz, agua o saneamiento. «Chama a atención que a Xunta permita os furanchos na costa e veña aquí ameazando porque as adegas teñen onde sentarse a comer», se queja un ribereño.