La presión vecinal fuerza al alcalde de Pantón a mandar parar el cobro del IBI

Carlos Cortés
carlos cortés MONFORTE / LA VOZ

LEMOS

alberto lópez

El gobierno local cree que es una decisión inaplicable, pero apoyó una propuesta del BNG ante la hostilidad del público

16 mar 2017 . Actualizado a las 05:00 h.

La corporación local de Pantón aprobó el martes una resolución que declara nula la liquidación en marcha del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), después de que la revisión efectuada por el Ministerio de Hacienda el año pasado hiciese aflorar más de 3.000 propiedades que antes no pagaban o no figuraban correctamente censadas. La propuesta había sido presentada por los concejales del BNG, que reclaman que se detenga el envío de notificaciones de pago, y obtuvo el respaldo inmediato del PSOE. El alcalde podía haberla tumbado porque el PP controla el pleno con mayoría absoluta. De hecho, tenía intención de votar en contra pero acabó cambiando de opinión en vista de la hostilidad del público que abarrotaba el salón de sesiones.

Lo ocurrido en Pantón es la primera explosión pública de malestar vecinal que provoca en el sur de la provincia de Lugo el catastrazo, la revisión más o menos generalizada emprendida por el Ministerio de Hacienda en el 2013 y cuyos efectos empiezan a notarse ahora en los municipios afectados. El primer aviso de cómo está el ambiente en Pantón lo dio el martes una asamblea vecinal sobre el catastrazo que había convocado el Bloque y a la que asistieron el alcalde de Allariz, Francisco García, y la diputada Olalla Rodil. Fueron alrededor de doscientas personas, algo muy poco habitual para un acto político en este municipio con 2.600 habitantes.

La portavoz municipal del Bloque Rosana Prieto, explicó a los asistentes a ese acto que al día siguiente tratarían de sacar adelante en el pleno que iba a celebrar la corporación local una propuesta para anular el proceso de liquidación del IBI, en marcha desde hace cierto tiempo pero todavía no terminado. Los vecinos están recibiendo notificaciones de cobro de las nuevas cantidades que les corresponden, pero con carácter retroactivo y desde el año 2012.