«Obtener un respaldo tan amplio es un apoyo moral para seguir trabajando para servir a la sociedad»
01 abr 2016 . Actualizado a las 10:22 h.«Satisfacción, estímulo y, sobre todo, ganas de seguir trabajando para desarrollar el programa que presenté ante el Poder Judicial». En esos términos se expresó José Antonio Varela Agrelo al que el Consejo del Poder Judicial le reeligió para continuar al frente de la Audiencia Provincial de Lugo. El magistrado, que obtuvo un amplio respaldo (19-2), continuará otros cinco años más al frente del primer órgano judicial de la provincia lucense.
-¿Qué supone que le designen para seguir otro mandato más al frente de la Audiencia
-Una satisfacción muy grande porque, cuando uno solicita la confianza de los órganos en los que el Estado tiene depositado el poder judicial, y obtiene un respaldo tan amplio, es un apoyo moral importante para seguir trabajando en lo que es la función de cualquier cargo público. Todos los cargos públicos debemos tener muy claro que estamos al servicio de la sociedad y que, cuando ya se está desempeñando el cargo durante algún tiempo y se ve que ese trabajo ha sido refrendado, incluso por un número mayor de votos (y de todas las corrientes) que el obtenido la primera vez, produce una satisfacción muy grande y supone un estímulo para seguir trabajando dentro de las posibilidades que tiene un presidente de audiencia.
-Le siguen, por tanto, encomendando que siga al frente de la justicia en la provincia.
-Los jueces no podemos hacer lo que queramos. Podemos hacer lo que nos permita la ley. Un presidente de la Audiencia, frente a lo que se puede pensar que es el jefe de todos los jueces de la provincia, no es así; es el jefe de su órgano judicial y es el representante del poder judicial en la provincia, salvo que concurra el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, y es miembro nato de la sala de gobierno. Esas funciones le permiten actuar, en cierta medida en lo que es la mejora del servicio público, en la mejora de medios materiales... pero no puede inmiscuirse en modo alguno en la decisión interna jurisdiccional de cada uno de los jueces que son soberanos a la hora de tomar las decisiones en el ámbito jurisdiccional que les corresponde.
-¿Cómo será esta segunda etapa al frente de la institución? ¿Continuista?
-Habrá continuismo, pero una mayor beligerancia en el procurar que el servicio público de justicia se preste con la agilidad que demandan las preocupaciones de la ciudadanía. Los ciudadanos que están pendientes de decisiones judiciales, igual que los que están pendientes de decisiones médicas, están deseando que eso se solucione de la forma más rápida; en un sentido u otro, pero que se solucione, porque la incertidumbre es mala para el bienestar de las personas y para la seguridad jurídica y para todo.
-¿Y qué puede hacer un presidente de audiencia para que haya una justicia más rápida?
-El presidente de la Audiencia no puede saber el contenido de las diligencias penales, ni si el contenido de las mismas justifica una demora. Entonces, como no puede conocerlas, tiene que confiar en el buen hacer del juez que lleva esa causa, que se supone que está actuando desde los principios de rigor, de sentido común, de ponderación y del equilibrio que debe tener cualquier cargo público. No puede hacer nada mientras se está tramitando la causa pero, evidentemente, si esta no termina y no está justificado su cierre, en ese caso los perjudicados tienen cauces para formular una reclamación como consecuencia de los perjuicios que hayan podido tener. Pero mientras se está tramitando la causa, el presidente de la Audiencia realmente no puede hacer nada.
-Realmente es como un espectador...
-Si. Es un espectador preocupado de una realidad que está ahí, que se está desarrollando y que no tiene forma de intervenir en el desarrollo hasta que el asunto llega a una instancia en el que se puede ver si el retraso estaba justificado por la entidad de la causa o no.
entrevista josé antonio varela agrelo, reelegido presidente de la audiencia de lugo
«Un presidente de audiencia no puede hacer nada mientras se tramitan las causas»
«La independencia de un juez no es una excusa para hacer lo que uno quiera en los tiempos que quiera»
-Hay quien cree que los presidentes deberían tener más funciones. ¿Qué opina?
-A lo mejor, el sistema tiene que cambiar, porque la gente no entiende cómo un representante institucional no tiene más funciones para corregir disfunciones, cuando estas sean evidentes. El derecho siempre es un juego de equilibrios, entonces la independencia judicial también es un valor esencial para el correcto ejercicio del trabajo de los jueces; los jueces tienen que ser independientes. Lo que pasa que la independencia judicial es un instrumento al mejor servicio de su función; no es un fin en sí mismo. La independencia no se puede convertir en una excusa para hacer lo que uno quiera y con los tiempos que uno quiera. Pero los jueces, al tiempo que son independientes, son responsables y las responsabilidades se le pueden exigir, bien de oficio, en casos flagrantes o bien a instancia de cualquier persona que tenga algún tipo de reclamación por un mal funcionamiento de la Administración de Justicia. Esos cauces están abiertos. Pero en este caso coincide que el presidente de la Audiencia preside la sección civil y no la penal; entonces su campo de actuación se reduce a recibir las quejas que le puedan formular los ciudadanos y a ser un espectador y a poner en conocimiento de otros órganos judiciales que tengan competencias en materia gubernativa la existencia de estas disfunciones para que, entre todos, de forma conjunta intentar solucionarlas. Efectivamente hay una cierta incomprensión o es un poco sorprendente que no haya más sistemas para corregir más disfunciones.
-¿Qué opina de que la ley establezca 18 meses para causas de complejidad? ¿Es razonable ese tiempo?
-Creo que sí. Me parece positivo que el legislador pusiese límites. Un principio que ha de inspirar el trabajo de los jueces es que las causas no pueden ser ilimitadas. Tenemos ejemplos de otros países. (...) Me parece positiva la idea de limitar el tiempo de instrucción de causas penales.