Severino Rodríguez convocará una junta de portavoces si no se llega a un acuerdo entre el Grupo Pazos y otra empresa
26 dic 2014 . Actualizado a las 05:00 h.La prioridad sigue siendo encontrar alguna empresa que asuma la deuda del Grupo Pazos a cambio de sustituirlo al frente de la gestión de la piscina municipal de Monforte. Las negociaciones, sin embargo, entran en su recta final sin garantías de que se pueda evitar el cierre de las instalaciones después del 31 de diciembre. La desconfianza de la plantilla hacia un posible acuerdo crece al tiempo que se reduce el número de firmas interesadas por subrogar la concesión. Son solo tres, a estas alturas, las que están dispuestas a dar un paso adelante, según confirma el alcalde.
Severino Rodríguez tomó las riendas de la negociación tras la última amenaza de huelga indefinida por parte de los trabajadores de la piscina municipal. Hasta la fecha consiguió esquivar dos convocatorias de paro, pero su margen de maniobra cada vez es menor. Aunque admite que la situación «é difícil», sostiene que «de momento» se mantiene su plan inicial. «Sigo negociando coas empresas. Esta semana definiranse as ofertas e a que ven será a administradora xudicial a que decida», señala.
Por vez primera, sin embargo, el alcalde deja caer la posibilidad de tener que recurrir a un «plan B». Severino Rodríguez prefiere no hablar directamente de rescate de la concesión, pues entiende que deben ser los servicios jurídicos del Ayuntamiento «os que marquen o camiño». Lo único claro, según su criterio, es que cualquiera que sea la decisión «tería que ser consensuada» con los demás grupos municipales. Si no hay acuerdo la próxima semana, PP y PSOE serán convocados de inmediato a una junta de portavoces.
«Quedan aínda seis anos e medio de concesión. Se a solución na que se está a traballar chega, moito mellor. En caso contrario, haberá que buscar, dentro do que permite a lei, a solución menos gravosa para o Concello», apunta Severino Rodríguez.
El personal de la piscina lleva cinco meses sin cobrar. En el peor de los casos, el Fogasa cubriría cuatro de las nóminas pendientes. La quinta fue liberada por la administración concursal para dar tiempo al alcalde a negociar. Parece poco probable que haya más gestos de ese tipo por parte del juzgado, por lo que desde el 31 de diciembre los trabajadores no tendrán garantía alguna de percibir sus salarios.