Fuentes de la fiscalía destacaron que nada más tener constancia de la extraña desaparición de la documentación pusieron el hecho en conocimiento del departamento de modernización de la Xunta de Galicia para que se abriera la correspondiente investigación interna. Al parecer, varios técnicos se desplazaron a las dependencias del ministerio público de la Audiencia Provincial de Lugo para tratar de averiguar qué es lo que había sucedido. No consiguieron en ningún momento recuperar la información ni saber a dónde fue a parar, según indicaron diversas fuentes.
No hay constancia de que lo ocurrido hubiese motivado la apertura de diligencias previas. A finales de 2009 cuando pasó algo similar, el Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, su titular, Pilar de Lara, envió escritos de denuncia a diversas entidades, entre ellas a la Agencia Española de Protección de Datos.
Por aquel entonces, la Xunta calificó lo ocurrido como incidencia informática «que bloqueou o acceso á información por parte dos usuarios». Destacó que el fallo no provocó la pérdida de ningún dato o documento «nin se produciu o acceso de ningún pirata informático». Posteriormente, Protección de Datos, puso al descubierto las precariedades de la seguridad informática.
Aprovechando que el presunto ataque informático trascendió, la Xunta aprovechó para destacar que el actual gobierno puso en marcha en el año 2009 un plan de medidas urgentes para reforzar y mejorar las plataformas tecnológicas en el ámbito judicial con una inversión de 5 millones de euros en la mejora de servicios.