Ortega prorroga su presidencia en Nicaragua hasta 2028 y aprueba que la oposición no se pueda presentar a las elecciones por «traidores a la patria» y «golpistas»
INTERNACIONAL
A pesar del rechazo internacional busca una vía para eliminar definitivamente los comicios y el Parlamento aprueba una reforma constitucional que excluye otras opciones políticas, mientras Estados Unidos anuncia sanciones
02 sep 2026 . Actualizado a las 20:38 h.La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó este martes, de forma «unánime» y en la primera de las dos legislaturas necesarias, una reforma parcial constitucional que excluye de los comicios electorales a los considerados «traidores a la patria» o «golpistas», a la par que amplía el mandato presidencial de Daniel Ortega de seis a siete años en los que estará acompañado de su compañera y copresidenta Rosario Murillo. «Se aprueba de forma unánime en lo general (la reforma)», anunció el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, según recoge el diario La Prensa. El medio agrega que dicha reforma de la Carta Magna nicaragüense entrará en vigor una vez que sea aprobada en segunda legislatura en el 2027.
El texto, leído por los diputados de la Asamblea Nacional, otorga potestad al Consejo Supremo Electoral para retirar la personería jurídica a partidos políticos financiados por Estados Unidos. Del mismo modo, el documento establece que la ampliación del mandato presidencial de seis a siete años prorrogables para los cargos de copresidentes, de elección popular, jefaturas del Ejército, la Policía y los de designación ejecutiva y legislativa. Este paso para consolidar la referida reforma parcial constitucional llega apenas unos meses después de que Daniel Ortega afirmara que «no volverá a haber elecciones en el país» que preside desde el 2007, apuntando a su vez a futuras «leyes» para afianzar su intención de impedir cualquier comicio.
«Ya quisieron ellos (la oposición) agazapados, ya quisieran ellos ganar elecciones para hacer reales con las escuelas. Que se olviden, aquí no volverá a haber elecciones», espetó Ortega —quien gobierna junto a su esposa, Rosario Murillo— durante el 47.º aniversario del triunfo de la Revolución Sandinista, celebrado el pasado mes de julio. En ese mismo acto, el líder sandinista afirmó que su Administración trabajaría «con las asambleas nacionales y con las organizaciones correspondientes» con el objetivo de promulgar leyes que levantaran «un muro, un bloque a los golpistas, a los vendepatrias» —en alusión a la oposición— para que, «por mucha plata que les den los yanquis», no puedan alcanzar el Ejecutivo nicaragüense.
El exguerrillero y secretario general del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) —quien logró derrocar a la dictadura de la familia Somoza e instalarse en el poder en 1979 siguiendo el ejemplo de la guerrilla cubana— gobierna Nicaragua desde su retorno al poder en 2007. Actualmente, a sus 80 años, continúa en el Ejecutivo junto a Rosario Murillo, quien ocupa el cargo de copresidenta tras haber ejercido entre el 2017 y el 2025 como vicepresidenta, un cargo extinto tras su promoción. Este proyecto de reforma ha sido criticado por organizaciones como Amnistía Internacional (AI), cuya directora para América, Ana Piquer, alertó de que la medida constituye un «intento por consolidar un sistema en el que el Estado arbitrariamente decide quién puede ejercer un derecho humano fundamental y quién queda excluido de él por motivos políticos». La reforma, agrega AI, se suma a un «proceso sostenido de concentración del poder y cierre del espacio cívico que se intensificó tras la represión de las protestas del 2018», en las que, según organizaciones de la sociedad civil y mecanismos regionales y universales de protección de derechos humanos, más de 300 personas fueron asesinadas.
«Lejos de revertir este deterioro, las autoridades han continuado el desmantelamiento del Estado de derecho e ignorando sistemáticamente las recomendaciones formuladas por los mecanismos internacionales de derechos humanos», afea la organización. Asimismo, puso como ejemplo la reforma constitucional promovida en el año 2025 que «eliminó la separación de poderes y subordinó los órganos legislativo, judicial y electoral a la Presidencia».
Sanciones de Estados Unidos
Por su parte, Estados Unidos avanzó este miércoles que aplicará más sanciones contra Nicaragua a nivel regional para «asegurar que el hemisferio deje de hacer negocios como de costumbre con esta dictadura», tras la reforma parcial impulsada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. «La Asamblea Nacional de los Murillo-Ortega destripó lo que quedaba de la democracia de Nicaragua en la segunda reescritura constitucional en dos años», denunció el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en un mensaje en redes sociales en el que reacciona al nuevo paso dado por Managua para limitar la participación política y extender el poder del matrimonio presidencial. De esta forma, señaló que Washington «implementará medidas» coincidiendo con la próxima reunión ministerial de Relaciones Exteriores de la Organización de Estados Americanos para asegurar que el hemisferio detenga las relaciones comerciales habituales con el régimen.