Bruselas critica los retrasos en la persecución de los casos de corrupción de alto nivel en España
INTERNACIONAL
El informe sobre el Estado de derecho pide terminar la reforma del CGPJ
17 jul 2026 . Actualizado a las 18:00 h.La Comisión Europea pide a España más avances en la lucha anticorrupción y en la renovación del Consejo General del Poder Judicial. El Informe sobre el Estado de Derecho de la UE celebra los progresos del sistema judicial español, pero destaca el trabajo que aún queda pendiente. Asimismo, se hace eco de la interferencia política en los medios públicos. La corrupción de alto nivel en España preocupa en Bruselas. El informe señala como problemas principales la falta de recursos y de órganos judiciales especializados, así como la intromisión de sectores externos, los retrasos en la colaboración internacional y la complejidad de los informes periciales. Las contrataciones públicas, las obras en infraestructuras y la financiación de los partidos políticos son las áreas más vulnerables a la corrupción. También se advierte sobre la excesiva duración de los procesos judiciales, tanto en los casos de corrupción a alto nivel como en los litigios civiles, mercantiles y laborales.
Existen otros puntos de mejora en la estrategia anticorrupción. Uno de ellos es la falta de persecución de los sobornos transnacionales; desde el 2016 solo se han llevado a cabo de forma satisfactoria tres investigaciones. También se mencionan los lobbies, cuyas normas de transparencia y registros voluntarios son considerados «fragmentados e ineficientes». Respecto a la prevención de los conflictos de intereses, la Comisión constata pocos avances, al no haberse aplicado todavía las propuestas del Gobierno. Finalmente, se recoge el inicio de operaciones de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, cuyas actividades —según alerta el documento— se ven comprometidas por la prórroga presupuestaria y el solapamiento con ocho agencias autonómicas.
A nivel judicial, el informe se muestra satisfecho con el trabajo del CGPJ, pese a las quejas sobre algunos nombramientos de altos cargos. Respecto a la elección de los vocales del Consejo, desde Bruselas se insta a concluir la reforma y a elegir uno de los dos formatos propuestos por el Consejo de Europa: que sean los propios jueces quienes elijan a sus representantes o que sigan haciéndolo las Cortes. Pese a no decantarse por ninguna opción, el informe recuerda que el segundo modelo no cumple con los estándares europeos.
Por otro lado, se aplaude el plan del Gobierno para que el mandato del fiscal general del Estado no coincida con las legislaturas y para que la instrucción de las investigaciones pase de los jueces al Ministerio Fiscal. También se valora de forma positiva la convocatoria de 700 plazas para jueces y fiscales. Sin embargo, la Comisión advierte que el plan actual solo contempla cubrir las vacantes existentes, no crear nuevas plazas, a pesar de que España tiene una de las ratios de jueces por habitante más bajas de la UE. La Justicia española, además, debe mejorar la coordinación e interoperabilidad entre los sistemas digitales nacionales y autonómicos, y las comunidades autónomas tienen que acelerar la implementación de la Ley de Eficiencia de la Justicia.
Finalmente, el informe advierte que la independencia de los medios públicos se encuentra en un nivel de riesgo medio-alto. La Comisión se hace eco de las acusaciones de interferencia política en las radiotelevisiones públicas nacionales y autonómicas, como RTVE o la CSMA (Corporación Aragonesa de Radio y Televisión). Sobre Radiotelevisión Española, se recogen las denuncias de su Consejo de Informativos y el descenso de la confianza por parte del público. También preocupa la falta de transparencia en la propiedad de los medios privados y los retrasos en la reforma de la publicidad institucional.