Lo arrestaron en diciembre cuando defendía a un grupo de opositores
17 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.Lejos quedan los tiempos en los que Túnez era considerado el faro democrático del mundo árabe. Desde que su transición colapsó a raíz del autogolpe del presidente Kais Said en 2021, se han ido multiplicando las denuncias de violaciones de los derechos humanos a la disidencia, ya sean políticos, periodistas o incluso abogados. Uno de los casos más chocantes es el del letrado especializado en derechos humanos Ayachi Hammami, en cuyo favor Amnistía Internacional ha lanzado una reciente campaña.
Hammami, de 66 años, fue arrestado el pasado mes de diciembre y desde entonces se halla encarcelado en cumplimiento de una condena de cinco años por unos cargos que sus allegados consideran surrealistas: «Pertenencia a grupo terrorista» y «no informar sobre actividades terroristas». La imputación de Hammami se produjo en 2023, cuando formaba parte del comité de defensa de un grupo de una treintena de políticos opositores acusados de «conspirar contra el Estado». De repente, el juez decidió añadirlo a la causa, y pasó de abogado defensor a acusado.
El juicio estuvo envuelto por la polémica por diversas razones, entre ellas, el hecho de que el juez no permitiera la presencia física de los acusados durante las sesiones orales, sino que optara por tomar sus declaraciones por videoconferencia. Además, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU emitió un informe en el que dictaminó que se habían violado los derechos de varios de los acusados.
En abril del año pasado, el juez dictó unas duras penas de cárcel de entre 4 y 66 años de cárcel para los acusados, y numerosas ONGs locales e internacionales calificaron el juicio de farsa. Uno de los que recibió una mayor condena es el político y empresario hispano-tunecino Khayyam Turki, nieto de Amelia Jover, una conocida militante anarquista que se exilió en Túnez tras la guerra civil. Entre las pruebas en su contra, figuraba una simple reunión con el embajador español en Túnez.
Antes de ser arrestado, Hammami denunció públicamente la deriva autoritaria del régimen tunecino, y especialmente, la pérdida de independencia del poder judicial. Por ejemplo, fue muy crítico con un decreto presidencial de junio de 2022 por el que el presidente Kais Said se arrogaba la capacidad de cesar a cualquier juez o fiscal. Después de una larga carrera como abogado y dirigente de la Liga Tunecina de Derechos Humanos, Hammami fue nombrado ministro de Derechos Humanos en el año 2020. Dos años más tarde, fundó la ONG Comité Nacional para la Defensa de las Libertades y la Democracia, que ha desempeñado un papel importante en la defensa de los represaliados políticos.
La familia de Hammami, que tras su arresto realizó una huelga de hambre durante 45 días, ha denunciado que está sometido a un severo régimen penitenciario que está provocando un deterioro de su estado de salud. En concreto, se halla en una situación de aislamiento social, pues está obligado a pasar 22 horas al día en su celda, y tiene prohibido participar en actividades colectivas, como hacer deporte o realizar talleres. Además, su contacto con la familia está severamente restringido, y no tiene derecho a hablar por teléfono con sus dos hijas, que residen en el extranjero.