Así es la reforma laboral de Milei: jornadas de 12 horas, despidos más baratos o pagos en especie
INTERNACIONAL
El Senado aprueba, en medio de protestas ciudadanas, el plan del Gobierno que ahora deberá ser refrendado por la Cámara de Diputados
17 feb 2026 . Actualizado a las 22:10 h.Reformar las reglas del mercado laboral argentino era una de las principales aspiraciones de Javier Milei cuando tomó posesión de la Presidencia del país. Este miércoles, el Gobierno del ultraderechista dio un paso decisivo para implantan unos cambios que incluyen, entre otros, el abaratamiento de los despidos, la posibilidad de extender la jornada laboral hasta doce horas diarias, la rebaja de impuestos a las empresas o el pago de los salarios en cualquier moneda, especie, comida o vivienda.
Tras catorce horas de debate, el paquete de medidas recibió el visto bueno del Senado y queda pendiente del refrendo de la Cámara de Diputados, algo que se da por hecho. Salió adelante en medio de protestas ciudadanas en las principales ciudades argentinas, donde hubo disturbios, detenciones de decenas de heridos. Salió adelante con 42 apoyos, 30 votos negativos y ninguna abstención.
Durante la sesión, el Ejecutivo ultra defendió la necesidad de cambios que frenen los litigios entre trabajadores y empresa o la falta de implicación de los empleados con datos de bajas que superan el 43%. Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista, argumentó que la legislación laboral de Argentina está «obsoleta» porque regula un mercado laboral que ya no existe. «¿Puede un país durante 15 años no crear nuevos puestos de trabajo? Esta ley está a la altura del país que estamos construyendo, un país de futuro». Por contra, la oposición criticó que se beneficiase a las grandes empresas a costa de aumentar aún más la precariedad laboral.
La nueva ley comenzó su andadura el pasado diciembre, y desde entonces ha sufrido más de 50 modificaciones. La presión de los bancos logró, por ejemplo, impedir que los sueldos puedan ser acreditados en billeteras virtuales. La presión de algunos partidos que apoyan a Milei también consiguió mantener los aportes que realizan los trabajadores y las empresas a las obras sociales con las que ofrecen servicios de salud. Eso no quita para que la norma recorte drásticamente los derechos laborales o permita que el dinero de la nómina se sustituya por comida o alojamiento, por ejemplo.
Incluye la posibilidad de alargar la jornada laboral a 12 horas, así como medidas que recortan el poder de los sindicatos, limita las protestas y prioriza los acuerdos dentro de cada empresa por encima de los convenios colectivos nacionales. Además, permite que las empresas dejen de pagar las horas extras en moneda para pasar a intercambiarlas en horas o días libres. Los sueldos podrán pagarse en cualquier moneda, especie, comida o alojamiento y se abarata el despido. De hecho, la salida del empleado de la compañía es uno de los puntos especialmente polémicos ya que la norma contempla la creación de un fondo para financiarlas a costa del sistema de jubilaciones.
El proyecto establece que esos convenios, claves para las negociaciones salariales en un país con alta inflación —en 2025 fue del 31,5%— dejarán de estar vigentes si no hay acuerdo para renovarlos. En caso de rechazo contra las políticas gubernamentales, los sindicatos tendrán difícil recurrir a la huelga porque se deberán garantizar servicios mínimos del 75% para aquellos servicios considerados esenciales —salud, educación, transporte, energía y agua— y un 50% para sectores trascendentales como bancos, minería, industria y comercio electrónico.
Entre los cambios contemplados en el proyecto está el abaratamiento de los despidos, la posibilidad de extender la jornada laboral hasta 12 horas diarias y el alivio de las cargas de las empresas con la reducción de aportes y la creación de un Fondo de Asistencia Laboral para financiar las indemnizaciones por despido a costa del sistema de jubilaciones. «Es un escándalo», clamó el senador peronista Mariano Recalde durante su intervención. Es, a grandes rasgos, un sistema de capitalización obligatoria que las empresas financiarán con aportes de entre el 1% y el 2,5% de los salarios que hasta ahora destinaban a la seguridad social argentina. «Pierden los trabajadores porque el despido está subsidiado, es más fácil despedir y pierde la seguridad social y los jubilados porque se desfinancia, la plata va a estas administradoras privadas que la van a timbear (apostar) y que no se va a usar para pagar jubilaciones y pensiones como hasta ahora», criticó Recalde.
Mientras en el Senado se recortaba el derecho a la huelga, con unos servicios mínimos del 75% en actividades esenciales y del 50% en industria, bancos o minería, industria, en el exterior miles de personas se manifestaban. En principio se trató de movilizaciones pacíficas pero los ánimos se fueron caldeando y algunas, como la de Buenos Aires, concluyó con enfrentamientos que dejaron decenas de heridos y detenidos.