Arrecian las protestas del sector público en demanda de salarios dignos contra el régimen de Maduro

Pedro García Otero CARACAS / CORRESPONSAL

INTERNACIONAL

Trabajadores del sector público se manifestaron el  lunes en Maracaibo.
Trabajadores del sector público se manifestaron el lunes en Maracaibo. HENRY CHIRINOS | EFE

El chavismo intenta sin éxito frenar las manifestaciones de los empleados estatales que se extienden por toda Venezuela

17 ene 2023 . Actualizado a las 19:45 h.

Docentes, empleados públicos, médicos del sistema estatal de salud, jubilados y pensionistas se han echado a la calle en demanda de un salario digno. El 2023 arrancó en Venezuela en medio de protestas, y con el augurio del retorno de la hiperinflación que durante casi cuatro años asoló al país sudamericano.

«¡Que nos paguen en divisas!», es la consigna que corearon el lunes profesores de la educación pública de Venezuela, de la que han desertado cuatro de cada diez maestros desde el 2017 por los bajos sueldos. Aunque las clases se reiniciaron una semana antes tras las vacaciones navideñas, el 9 de enero, en la práctica, colegios e institutos están paralizados por una huelga de docentes.

En un intento por frenar la protesta, el régimen de Nicolás Maduro anunció un bono de compensación de 30 dólares, además de militarizar las principales ciudades del país y de amenazar soterradamente con soltar a los colectivos (paramilitares que reprimen las manifestaciones). Todo fue en vano: en más de la mitad de las 24 capitales de los estados venezolanos hubo protestas de maestros, a las que se sumaron otros gremios de la administración pública, como médicos y administrativos.

El bolívar perdió la mitad de su valor durante diciembre, y los salarios públicos, de una media de 30 dólares al mes, han pasado con la devaluación a rebajarse a 15 dólares, en un país en el que, prácticamente, ya todo el sector privado tiene sus sueldos en la moneda estadounidense. Los maestros exigen salarios de entre 400 y 500 dólares mensuales, para poder afrontar el gasto alimentario mensual de una familia, que está en aproximadamente en 450. Un monto claramente inasumible para el Estado venezolano, en quiebra técnica desde el inicio de la tercera presidencia de Hugo Chávez en el 2007.

Embarcado en una serie de reformas capitalistas desde el 2019, Maduro presentó el lunes en televisión un plan denominado «Siete líneas de trabajo en la calle con el pueblo». La primera es «consolidar el crecimiento económico», que volvió al país tras la depresión más prolongada de la historia de Venezuela: en siete años, el Producto Interno Bruto cayó casi el 80 %.

«Hoy nuestro pueblo no se ha achicopalado [acobardado], no ha bajado la frente, ha dado el frente a la batalla y siempre hemos salido victoriosos. Estamos en el tiempo del renacimiento de nuestra patria», afirmó Maduro ante las cámaras de televisión, sin mencionar las protestas contra su Gobierno. 

El descontento, sin embargo, alcanza incluso al Partido Comunista de Venezuela, un aliado del chavismo siempre crítico y ahora totalmente divorciado de este. «El PCV está en la calle, luchando por la construcción de la más amplia unidad de acción para enfrentar la ofensiva del capital y sus aliados en Miraflores», señaló la portavoz Janohi Rosas.

Más tensiones con Estados Unidos

Entretanto, el nuevo canciller del régimen venezolano, Yvan Gil, cargó contra Estados Unidos, que el domingo reiteró que mantendrá su política de sanciones, después de que el fiscal designado por el régimen, Tarek William Saab, anunciara una nueva orden de detención contra Julio Borges, dirigente venezolano exiliado en Bogotá.

«Venezuela rechaza las declaraciones del Departamento de Estado reiterando la continuidad de su fracasada política de agresión mediante medidas coercitivas unilaterales», dijo el canciller, agregando que estas representan para Venezuela «un costo de 411 millones de dólares diarios». Maduro atribuye a las sanciones de EE.UU. la debacle económica sufrida por el país latinoamericano en los últimos años.