Brasil castigará con hasta 30 años de cárcel a los participantes en el golpe
INTERNACIONAL
Los bolsonaristas implicados se exponen a ser acusados de terrorismo
17 ene 2023 . Actualizado a las 08:22 h.Lula da Silva se queda en casa. El presidente brasileño ha decidido no viajar a la cumbre de Davos apenas una semana después de que los seguidores más acérrimos del exmandatario Jair Bolsonaro ingresaran a la fuerza en las sedes de los poderes brasileños. Le sustituyen en la cumbre el ministro de Economía, Fernando Haddad, y la ministra de Medio Ambiente, Marina Silva. El líder izquierdista era una de las figuras más esperadas en Davos, pero ha preferido permanecer en Brasil mientras avanzan las investigaciones sobre los graves hechos acaecidos en Brasilia el 8 de enero.
«Las personas que invadieron la Cámara de los Diputados y el Palacio de Planalto tenían conocimiento de los lugares y conocían las plantas. Eso lo está depurando la investigación. Vamos a ayudar a identificar a esas personas», señaló ayer Ricardo Cappelli, nombrado interventor de la seguridad pública del Distrito Federal, donde se encuentra Brasilia, después de que el antiguo gobernador, el bolsonarista Ibaneis Rocha, fuese apartado del cargo el día de los hechos.
Capelli señaló también que un sargento de la policía declaró a los investigadores que parte de los asaltantes eran profesionales. «No nos estábamos enfrentando solo con manifestantes», dijo el agente, según explicó el interventor. «Existían hombres en el campo de batalla con conocimiento del terreno, conocimiento de tácticas de combate y características profesionales. Eran hombres profesionales en medio de los manifestantes», añadió.
Al menos 1.800 personas fueron detenidas en las horas posteriores a los hechos. Un tercio de ellas fueron liberadas por cuestiones humanitarias y responderán a las acusaciones desde sus domicilios.
Los investigados podrían pagar hasta 15 años de prisión en régimen cerrado por crímenes contra las instituciones democráticas, de daño al patrimonio, y asociación criminal, entre otros cargos. Esas penas podrían incluso ampliarse hasta los 30 años de cárcel, según juristas brasileños, si se incluyen cargos de terrorismo. En ese sentido, el magistrado Alexandre de Moraes, del Tribunal Supremo, determinó la semana pasada que las personas arrestadas en flagrancia serían también acusadas de actos terroristas.
Críticas al magistrado
Moraes es el segundo máximo objetivo de las críticas de los bolsonaristas, después de Lula. El magistrado fue foco de acusaciones el pasado fin de semana, después de ordenar la suspensión de las cuentas en redes sociales de un youtuber legislador federal electo, un senador electo, un influencer y un pastor evangélico. El premio Pulitzer de periodismo Glenn Greenwald, que filtró la orden judicial de Moraes, señaló ayer que el magistrado está ejerciendo «poderes extremos».
También ayer un tribunal de Brasilia admitió a trámite las denuncias contra tres seguidores radicalizados de Bolsonaro que prepararon una bomba para colocarla en un camión cisterna cerca del aeropuerto de la capital, con el objetivo de detonarla de forma remota durante la toma de posesión de Lula, el 1 de enero, con el propósito de «cometer infracciones penales que pudieran causar conmoción social para que hubiese una intervención militar y se decretara el Estado de sitio», según el escrito de acusación.
Los responsables de la elaboración del explosivo —un vendedor de helados, el gerente de una estación de gasolina y un desempleado— son de diferentes partes del país y se conocieron en Brasilia, durante las concentraciones bolsonaristas frente al cuartel militar de la capital.
En problemas están también los legisladores que negaron los estragos de los ataques del día 8 y que, según Arthur Lira, el presidente de la Cámara de Diputados y antiguo aliado de Bolsonaro, serán responsabilizados. «No se puede mentir», señaló Lira ayer.
Bolsonaro, mientras, sigue en Orlando (EE.UU.) Dijo la semana pasada que iba a acelerar su retorno a Brasil, pero nada se sabe del viaje. Moraes decidió el sábado incluir al expresidente en la investigación sobre los autores intelectuales del asalto.
Quien volvió el fin de semana al país desde EE.UU., fue Anderson Torres, exministro de Justicia bolsonarista y exresponsable de la seguridad de Brasilia, señalado por Moraes por «omisión» de deber o «connivencia» con los seguidores acérrimos de Bolsonaro que asaltaron las sedes del poder. Fue arrestado de inmediato.