El año político arranca en Portugal con huelgas, dimisiones y una moción de censura

Brais Suárez
Brais Suárez OPORTO / E. LA VOZ

INTERNACIONAL

El ministro dimisionario Pedro Nuno Santos con António Costa, el pasado octubre.
El ministro dimisionario Pedro Nuno Santos con António Costa, el pasado octubre. PEDRO NUNES | REUTERS

Una decena de altos cargos, entre ministros y secretarios de Estado, han salido del Gobierno del socialista António Costa

05 ene 2023 . Actualizado a las 05:00 h.

Hace solo un par de semanas, tanto las encuestas como el clima político que reinaba en Portugal indicaban que el Gobierno había sido capaz de recuperar la credibilidad y paliar la severa caída de popularidad que sufrió tras el verano por diversos escándalos internos y una coyuntura económica desfavorable. De hecho, a finales de diciembre se acusaba a Costa de estar demasiado cómodo en su mayoría. Solo unos días después, salía a la luz la indemnización que la nueva secretaria de Estado del Tesoro, Alexandra Reis, había cobrado en su etapa como directiva de TAP, un caso que escalaría hasta provocar la dimisión del ministro de Infraestructuras y Vivienda, Pedro Nuno Santos, uno de los hombres más fuertes del Gobierno. 

Crisis socialista

Una decena de bajas en el Gobierno de Costa. Santos anunciaba también su renuncia como secretario del Partido Socialista, lo que ahonda en las dudas internas del partido, ya que, a pesar de dimitir como ministro, seguía siendo uno de los principales candidatos para suceder a Costa. Paralelamente, este miércoles también concluía la remodelación del Gobierno, con el nombramiento de dos nuevos ministros: João Galamba al frente de la cartera de Infraestructuras y Marina Gonçalves en Vivienda, que fueron presentados junto a seis nuevos secretarios de Estado. En esa línea, el presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, comentó que responsabilizará directamente a Costa si alguno de los nuevos altos cargos protagoniza algún nuevo escándalo. Hasta ahora, entre ministros y secretarios de Estado, ya se cuenta más de una decena de destituciones y dimisiones; cada una de ellas, aumenta el escrutinio sobre el Gobierno. 

Críticas de la oposición

Moción de censura. En una sesión de control urgente celebrada este miércoles en la Asamblea de la República a petición del PSD, estos solicitaron la presencia del primer ministro, António Costa, o del ministro de Finanzas (también muy cuestionado tras los últimos acontecimientos), pero solo la ministra Ana Catarina Mendes intervino en defensa de su formación y soportó una lluvia de críticas desde todas las bancadas. Este jueves, la oposición volverá a apuntar a las inconsistencias de los socialistas en su primer año en el poder con mayoría absoluta. La cuarta fuerza política, Iniciativa Liberal, presentará una moción de censura que no tiene visos de prosperar y que solo apoyará la derecha radical del Chega. Luís Montenegro, líder de los socialdemócratas, aseguró la abstención de su grupo, ya que «no es el momento de que caiga el Gobierno», dijo, en la línea de las palabras con que Marcelo Rebelo de Sousa avaló a Costa hace solo una semana. 

Sectores en crisis

La polémica gestión de TAP. La dimisión de Pedro Nuno Santos volvió a poner el foco mediático en la gestión de la aerolínea TAP, que pasó a ser propiedad del Estado tras una inyección de 3.200 millones de euros que se acaba de completar, precisamente bajo la revisión del exministro de Infraestructuras. Según Efe, la Fiscalía portuguesa abrió una investigación por la indemnización de medio millón de euros a Alexandra Reis y el caso está bajo secreto de sumario. Al respecto, Costa respondió que el Ministerio Público «goza de total autonomía» y consideró normal que se iniciara la investigación. Por su parte, el Bloco de Esquerda y Chega solicitan una comisión parlamentaria. 

Ola de huelgas

Paros ferroviarios y en la enseñanza. Pero no es el único sector estratégico con problemas. Este enero comenzó también con huelga de profesores y maquinistas de tren, ampliamente secundadas. Ambos solicitan que se actualicen sus salarios para hacer frente a una inflación que solo en diciembre bajó del 10 %, tras varios meses superando este umbral. Además, aprecian falta de incentivos para atraer nuevos profesionales y acusan un empeoramiento de sus condiciones laborales. Tan acusado es el aumento de los precios, que la actualización del salario mínimo y las subidas de pensiones y sueldos públicos no satisfacen a amplias capas de la población.