El Ejecutivo portugués tiende una mano a la izquierda en el debate de los presupuestos

Brais Suárez
Brais Suárez OPORTO / E. LA VOZ

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El primer ministro portugués, el socialdemócrata António Costa, durante una intervención ante la Asamblea de la República
El primer ministro portugués, el socialdemócrata António Costa, durante una intervención ante la Asamblea de la República Europa Press / Contacto / Henrique C | EUROPAPRESS

António Costa anuncia un nuevo impuesto a las cadenas de distribución de alimentos y forzará a los bancos a renegociar las hipotecas

28 oct 2022 . Actualizado a las 09:01 h.

No había muchas incógnitas más allá de entender si, en las dos semanas desde su presentación, la propuesta de Presupuestos Generales de Portugal para el año 2023 habría conseguido generar simpatías. La mayoría absoluta del Partido Socialista garantizaba la aprobación del borrador en la votación de la Asamblea de la República, pero las dos jornadas de discusión permitirían ratificar la oposición general al proyecto o conseguir algún nuevo apoyo. Fue como se preveía: se aprobó con los votos socialistas, las abstenciones del PAN (ecologistas) y el Livre, y la oposición de los demás partidos, de derecha a izquierda.

Fueron sesiones largas que concentraron los debates que se vienen repitiendo en los últimos meses: la oposición insistió en las críticas que ya había formulado relativas a la fiscalidad y la pérdida de poder adquisitivo o la privatización de la aerolínea TAP. Por su parte, António Costa argumentó que ofrece «prudencia presupuestaria» y «cuentas seguras» de cara a alcanzar «estabilidad y equilibrio» durante los cuatro años que restan de mandato socialista. El Gobierno había insinuado que ya le hubiera gustado al PSD (conservadores) haber presentado estas cuentas, lo que en gran medida retrata la propuesta socialista. Quizá por eso moleste tanto al ministro de Finanzas, Fernando Medina, que sitúen su texto en el marco de la «política de austeridad». Para defenderse, los socialistas también se escudaron en el acuerdo alcanzado con las patronales y algunos sindicatos la víspera de la publicación de este proyecto de ley.

Sin tentativas de conseguir apoyos del ala derechista de la Asamblea de la República, el golpe de efecto llegó cuando Costa tendió la mano a la izquierda (que ve en el texto una defensa de las empresas y no de las familias) mediante dos medidas, ambas en la línea del ya conocido impuesto a las energéticas por sus beneficios extraordinarios. La primera es que las distribuidoras de alimentos también pagarán un impuesto por las ganancias extra obtenidas por la inflación, lo que se implementará con una ley temporal tramitada al margen de la ley de presupuestos. La segunda es que «obligará» a los bancos a renegociar los créditos a la vivienda si los intereses superan el límite del test de estrés que cada familia superó al contraer el crédito.

Tras su aprobación general, se inicia el trámite de las enmiendas. El texto será discutido en detalle desde el 21 al 24 de noviembre y la votación final está prevista para el día 25 del mismo mes. 

Unas cuentas que impulsan una subida del 36 % de la inversión

Tras la publicación de los presupuestos el pasado 10 de octubre, la oposición portuguesa mostró su rechazo en bloque al Gobierno, al considerar que la propuesta implicaba una severa pérdida del poder adquisitivo para los ciudadanos.

Frente a la inflación, el texto propone subidas de los salarios públicos y las pensiones, así como cambios en la tributación del IRS (IRPF). Pero solo los tramos salariales más bajos de pensionistas y funcionarios verán incrementar sus pagas en la misma medida que lo hacen los precios.

Asimismo, los presupuestos tenían un marcado componente de carácter social en cuanto a apoyos a familias y dependientes, hasta 3.000 millones de euros en ayudas energéticas y beneficios fiscales para que las empresas aumentaran los sueldos en el 5 % que el Ejecutivo había pactado con las patronales y algunos sindicatos.

Sin embargo, a pesar del contexto de crisis, el Gobierno de Costa se concentró en el plano macroeconómico, siguiendo las líneas básicas de Bruselas. Se propuso abandonar el podio de países más endeudados de Europa (al que caería España), reducir el déficit (al 0,9 %) y alcanzar un crecimiento del 1,3 % del PIB. Para eso, propone una estrategia de expansión fiscal en la que la inversión pública y privada sustituyan al consumo.

De hecho, Lisboa se fija una cifra récord de inversión, que supone un 36,9 % más que el año pasado. Aunque la cifra es positiva sobre el papel, algunos sectores criticaron la capacidad de los Ejecutivos de Costa para alcanzar sus propias metas, aludiendo a ejercicios previos. Las partidas más beneficiadas con respecto al año pasado serán el desarrollo del transporte, la renovación digital, la sanidad y la defensa.