El Gobierno envía las primeras notificaciones administrativas para forzar la vuelta al trabajo de algunos empleados indispensables del sector energético
12 oct 2022 . Actualizado a las 20:46 h.El Gobierno de Elisabeth Borne se enfrenta a su mayor crisis en sus cinco meses de existencia. Este miércoles, tras el Consejo de Ministros, el portavoz del Ejecutivo, Olivier Veran, prometió que los franceses verán en los próximos días una «mejora muy sensible» de las reservas de combustible en las gasolineras, tras la orden que obliga a la vuelta al trabajo de los empleados indispensables para el buen funcionamiento del depósito de carburante de Port-Jérôme, en la región de Normandía, que suministra a la mitad norte de Francia. Veran añadió que el Estado asumirá sus responsabilidad y tomará medidas si no hay acuerdos en el resto de depósitos y refinerías, y los bloqueos continúan.
Pero, los ciudadanos están cansados de pasar horas haciendo cola en las gasolineras o buscando una donde poder llenar el depósito del coche. Según un sondeo de Elabe/BFMTV, dos tercios de los franceses consideran que la huelga de refinerías está impactando en su vida cotidiana. Y en un país que apoya de forma sistemática y mayoritariamente los movimientos sociales, en esta ocasión solo 42 % está de acuerdo, mientras que 40 % se opone. Al mismo tiempo, el 62 % comprende la huelga para pedir un aumento de salario en un contexto de inflación, y ocho de cada diez franceses considera que el Gobierno no ha sabido gestionar bien la crisis.
De momento, la huelga continúa. Todas las refinerías de TotalEnergies y Esso-ExxonMobil decidieron continuar con el paro a pesar de la orden firmada por el prefecto de Normandía para movilizar a cuatro trabajadores del depósito de Esso en Port-Jérôme.
El sindicato CGT, que lidera la huelga, mantuvo un primer contacto con la dirección de TotalEnergies. Esta aceptó que las refinerías sigan paradas y está dispuesta a negociar si se reanuda el suministro de combustible, pero CGT quiere una negociación «sin condiciones».
En un momento marcado por la pérdida de poder adquisitivo, la subida de la factura de la luz y las dificultades para aprobar los presupuestos generales sin echar mano del artículo 49.3 (aprobar la ley sin voto), el Gobierno corre el riesgo de enfrentarse a una crisis social como la vivida con el movimiento de los chalecos amarillos.