Escándalos, desacuerdos y la crisis mundial sacuden el Ejecutivo de Costa
07 oct 2022 . Actualizado a las 05:00 h.El Gobierno de Portugal empezó la semana reunido a puerta cerrada en Algés para definir los Presupuestos del 2023. Sin siquiera molestarse en dar alguna pista acerca de la propuesta de ley que debe presentar el próximo lunes ante la Asamblea de la República, el cónclave acabó más bien definiendo, y con sorprendente precisión, la tónica de los seis meses que el Ejecutivo socialista lleva en el poder.
Por una parte, se reafirmó en la falta de transparencia que se le achaca. Por otra, solo traslucieron los desacuerdos internos que no dejan de minar la popularidad y euforia que había generado la mayoría absoluta con que fue elegido en un ya lejanísimo mes de enero. Esta vez, se trató de un nuevo enfrentamiento acerca del IRC (Impuesto de Rendimiento de Personas Corporativas) entre el ministro de Finanzas, Fernando Medina, y el de Economía, António Costa Silva. Este último ya solo comparte con sus colegas la capacidad para generar polémicas.
Es complicado definir si la desconfianza de los portugueses se debe a la tendencia del Gobierno a dispararse en los pies o a la crisis económica y política que sacude Europa. La realidad es que, desde que el Ejecutivo tomó posesión en marzo, pasó de su mejor evaluación a la peor puntuación en tres años, según un sondeo el diario Expresso. Un 35 % de los lusos consideran que su actuación es mala y un 13 %, muy mala. Contrasta con el 65 % que lo evaluaban positivamente en marzo, algo no visto desde el 2019.
Entonces, superada la pandemia, la economía crecía y en el horizonte solo se vislumbraba una lejana mancha: la inflación, que acabó por desatarse con la invasión de Ucrania y trajo consigo fuertes intervenciones de los bancos centrales. Lo que ahora se divisa, y no tan lejos, es un período de recesión. Es decir, la coyuntura global no es favorable. Pero el Gobierno no pone de su parte, con una torpeza impropia frente a crisis que podría haber mitigado con un poco de mano izquierda.
Al contrario de lo que había prometido, distintas voces le achacan abusar de su mayoría absoluta, pues hasta en ocho ocasiones el partido gobernante ignoró los requerimientos de la oposición para explicarse frente a polémicas que implicaban directamente a sus ministros.
Varios casos
Uno de los ejemplos más claros de esta posición defensiva se dio la semana pasada, cuando una diputada socialista solicitó borrar la intervención parlamentaria de un legislador opositor. Este pedía la dimisión de la ministra de Cohesión Territorial, Ana Abrunhosa, después de que el diario Observador informara de que comisiones supervisadas por la propia Abrunhosa habían adjudicado fondos europeos a la empresa de su marido. La ministra negó haber intervenido y solo consiguió calentar más a la opinión pública con una columna titulada La mujer del César es seria.
Una incompatibilidad semejante entre cargo oficial y vida personal salpicó al ministro de Salud, Manuel Pizarro, que tomó la cartera tras la dimisión de su predecesora. El problema es que lo hizo mientras todavía gestionaba una consultoría sanitaria que, según él asegura, está en proceso de disolución. Pizarro admite su incoherencia, pero sus respuestas no satisfacen ni a la oposición ni a la opinión pública.
Quizá el caso no hubiera escalado de no estar enmarcado en un Gobierno que está bajo la lupa. En agosto, el Ministerio de Finanzas contrató a Sérgio Figueiredo, exdirector de informativos de TVI, como consultor para evaluar el impacto de políticas públicas. No estaba claro que fuera competencia de esta cartera ni que Figueiredo cumpliera los requisitos del puesto. Pero el fichaje desató el debate sobre un posible intercambio de favores cuando se recordó que el periodista había contratado, en el 2015, al actual ministro como comentarista político en su canal. Figueiredo renunció al cargo, pero las dudas hacia el Ejecutivo se mantuvieron.
No es necesario rebobinar mucho más para ver cómo otro ministro, esta vez el de Fomento, era desacreditado por el jefe del Ejecutivo, António Costa. Solo 24 horas después de anunciar una de las mayores inversiones públicas en décadas para un nuevo aeropuerto en Lisboa, Costa le puso freno. Con esta decisión bloqueada, la cartera debe hacer frente a la privatización de la aerolínea TAP, en la que el Gobierno viene de inyectar 3.200 millones de euros.
En este contexto político y con una crisis de fondo, los portugueses esperan con atención los presupuestos del lunes. Quizá sea la última oportunidad para que el Gobierno pueda retomar el control de un mandato que, hoy por hoy, se le antoja demasiado largo.