Londres persiste en su plan de deportar a migrantes a Ruanda pese al fallo del Tribunal de Estrasburgo
INTERNACIONAL
El Gobierno de Johnson ya prepara un segundo vuelo y no descarta que el Reino Unido abandone la Convención Europea de Derechos Humanos
15 jun 2022 . Actualizado a las 20:34 h.El brexit ya no es el único factor de tensión entre el Reino Unido y sus vecinos europeos. La decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de frenar in extremis la noche del martes el arranque del polémico plan británico de deportar a Ruanda a solicitantes de asilo agrega otro foco de conflicto. El Gobierno de Boris Johnson no solo se mostró sorprendido con el fallo judicial, sino que dijo que seguirá adelante con su controvertida estrategia y que para ello no descarta abandonar la Convención Europea de Derechos Humanos y así salirse de la jurisdicción del tribunal de Estrasburgo.
«Es una situación muy frustrante en la que nos encontramos (…) Muchas personas asumieron que recuperamos el control de nuestras fronteras cuando salimos de la Unión Europea. Pero esta decisión ha supuesto un revés y, por ello estamos evaluando todas las opciones disponibles en cuanto a cómo debería ser nuestra relación con el tribunal», declaró la fiscala general, Suella Braverman.
Sus palabras se produjeron horas después de que desde Downing Street aseveraran que «tenemos todas las opciones sobre la mesa». Un anuncio que contrasta con las posiciones más conciliadoras que exhibieron otros miembros del Ejecutivo como la ministra del Trabajo, Thérèse Coffey, quien en una entrevista a Sky News dijo que «en nuestro programa electoral no figura retirarnos del Tribunal de Derechos Humanos. Lo que haremos será impugnar la decisión».
Sin embargo, los sectores más radicales del Gobierno parecen haber impuesto su visión sobre cono responder a la decisión judicial, la cual no condena el plan, sino que considera que el mismo no ofrece suficientes salvaguardas a las personas que serán enviadas a Ruanda, tal y como ha denunciado el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur).
¿Otra cortina de humo?
Menos de una semana después de enfrentar una moción de censura impulsada por sus propios correligionarios, Johnson dio luz verde a la controvertida idea de su ministra del Interior, Priti Patel, de enviar a Ruanda a los solicitantes de asilo que hubieran llegado al país de forma ilegal. La jugada parece destinada a recuperar parte de la popularidad perdida, dado que la inmigración es una de las principales preocupaciones de los británicos.
Una encuesta de Savanta ComRes publicada recientemente reveló que 47 % de los ciudadanos apoyaba el plan, el cual ha sido condenado por la oposición, la Iglesia anglicana y hasta el príncipe Carlos, quien, según la prensa, lo tachó en privado de «espantoso». Por su parte, otro sondeo de YouGov arrojaba que el 53 % de los entrevistados consideran que ya hay demasiados extranjeros en el país.
Patel aseguró que ya está organizando un segundo vuelo para julio, tras la suspensión la noche del martes del primero con solo siete pasajeros a bordo en un avión de la compañía española Privilege Style .
El coste anual de la política de asilo es de más de 1.740 millones de euros anuales. El coste por persona para el procesamiento de la solicitud de asilo es de unos 14.000 euros. Más o menos lo que va a pagar a Ruanda por cada deportado. El plan tiene una vigencia inicial de cinco años.