La Justicia europea frena la primera deportación británica de migrantes a Ruanda
INTERNACIONAL
La política del Gobierno para arruinar a los traficantes de personas que operan en el Canal de la Mancha recibe múltiples condenas
15 jun 2022 . Actualizado a las 00:21 h.Un debate sobre la moralidad y legalidad de la deportación a Ruanda de inmigrantes sacudió a la sociedad británica este martes, mientras un avión Boeing de la compañía española Privilege Style esperaba en la pista de un aeródromo militar en el sudoeste de Inglaterra. Siete pasajeros irían en el vuelo inicial. Sin embargo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha bloqueado el despegue del avión a la espera de su decisión sobre uno de ellos.
El objetivo del Gobierno de Londres es arruinar el negocio de los traficantes que facilitan el embarque en la costa francesa de hombres, mujeres y niños, en particular de países de Oriente Próximo (Irán, Irak, Afganistán), con rumbo a las playas de la costa del sudeste de Inglaterra. Un centenar fueron rescatados en la mañana del martes y desembarcados por las patrullas británicas en Dover. De enero a marzo de este año llegaron a la costa inglesa 141 botes repletos. En 2021 fueron un total de 1.034. La semana pasada, cinco botes con 150 migrantes. La anterior, 20 y 658. Las cifras del Ministerio de Defensa, que se encarga desde abril de interceptarlos en la costa inglesa, no ofrecen una pauta regular aunque sí indican que los traficantes han aumentado el número de pasajeros.
Los ciudadanos culpan de lo ocurrido a su Gobiernos y al francés. También a la falta de control de las fronteras de la Unión Europea o al desorden del mundo la continuidad de la saga que en la pasada década produjo los campos creados en torno a Calais. Se reforzó la seguridad y se levantaron vallas más altas y fuertes, para evitar que los migrantes entrasen escondidos en trenes o camiones por el túnel del canal de la Mancha.
La exprimera ministra británica, Theresa May, fomentó en su día un «ambiente hostil» hacia la inmigración, que el brexit selló después. Boris Johnson encomendó el Ministerio de Interior a Priti Patel, que ha tenido tensas e infructuosas negociaciones con sus colegas franceses para neutralizar a las bandas de traficantes. Y no ha convencido a los refugiados que soliciten asilo en Reino Unido desde los países europeos a los que arriban. En abril dio un paso más allá. Firmó con el Gobierno de Kigali una Asociación para la Inmigración y el Desarrollo Económico, por la que Londres ofrece los gastos de acogida, alimentación, asistencia, y cinco años de formación para la integración en el país africano de los deportados desde el Reino Unido. La inversión inicial es de unos 140 millones de euros.
Temporal
El plan consiste en enviar a quienes no solicitaron asilo antes de embarcarse en los botes y que se analice su posible asilo en Ruanda. Pueden ser deportados a sus países de origen, o a algún otro que le acoja, en el caso de que no cumplan los requerimientos locales. Israel ya practicó una política similar con Ruanda. Australia con la isla de Nauru. Ambos fueron abandonadas.
El propio príncipe Carlos, que estará en Kigali la próxima semana presidiendo en nombre de la reina Isabel II una reunión de la Commonwealth, habría calificado de «espantosa» la política del Gobierno de Londres en una conversación privada. Los 26 obispos de la Iglesia de Inglaterra que se sientan en la Cámara de los Lores escribieron una carta en el diario The Times en la que dicen que el plan del Gobierno «avergüenza a la nación». La Agencia de Refugiados de la Organización de Naciones Unidas condena la política de Londres como «incompatible en letra y espíritu con la Convención de Refugiados de 1951». No cree que el acuerdo con Ruanda sea «un apropiado sistema de transferencia». Considera inaceptable que «se intente desplazar la responsabilidad de identificar y cumplir las necesidad de protección internacional» de refugiados. Varias asociaciones benéficas han llevado a los tribunales su denuncia, pero las tres instancias que han visto el caso consideran válido el argumento del Gobierno sobre el «interés público» de su plan. Habrá una revisión judicial más completa en julio. Abogados especialistas han borrado a sus clientes de la lista inicial de 130 pasajeros, apelando a la protección de la vida familiar en la Convención Europea de Derechos Humanos. Boris Johnson, según The Times, está considerando la posibilidad de abandonar la Convención. Los abogados de los inmigrantes serían «cómplices» de las bandas de traficantes, según el primer ministro. Sus batallas con la UE y la inmigración ilegal refuerzan quizás la cohesión con un sector sustancial de su electorado.
El coste anual de la política de asilo es de más de 1.740 millones de euros anuales. El coste por persona para el procesamiento de la solicitud de asilo es de unos 14.000 euros. Más o menos lo que va a pagar a Ruanda por cada deportado. El plan tiene una vigencia inicial de cinco años. Una medida de sus resultados será su impacto en el tráfico de migrantes en el canal.