Que en el 2022 se estén reformando regulaciones que los usos sociales han superado, y que incluso atentan contra el respeto a la diversidad de los alumnos, muestra las dificultades que tiene la sociedad japonesa para adaptarse a los cambios. El camino ha sido largo. Ya en el 2017 se generó un debate nacional por la denuncia presentada por una alumna de secundaria en la prefectura de Osaka. La estudiante demandó al colegio por obligarla a teñirse de negro su cabello castaño natural. Alegó que la coloración frecuente le había dañado el cabello y le había causado angustia mental. Tras un largo periplo judicial, ganó el proceso y fue indemnizada con 2.535 euros por los perjuicios sufridos. Pero el tribunal no declaró ilegales las normas del colegio.
Desde entonces se ha producido un amplio debate en el mundo educativo y se ha ido avanzado en los cambios en algunas prefecturas como Gifu, en el centro del país, o Kagoshima, al sur del archipiélago.
