En cualquier caso, una eventual congelación de los desembolsos afectará tanto a los fondos previstos en el presupuesto actual de la UE (período 2021-2027) como aquellos contemplados en el marco anterior (2014-2020) pero que tengan lugar en la actualidad, algo cuya legalidad ponía en duda el Gobierno húngaro.
Bruselas había enviado ya en noviembre pasado una carta informal a Hungría y Polonia pidiéndoles información sobre la situación del Estado de derecho, pero de momento no ha activado formalmente el procedimiento contra Varsovia, donde la principal preocupación es la independencia judicial.
