África es el principal campo de acción de la Corte Penal. Su primera sentencia, dictada en el verano del 2012, de una larga lista de cargos solo se acabó probando que el líder de las Fuerzas Patrióticas para la Liberación del Congo, Lubanga Dyilo, reclutó a niños y niñas en el conflicto armado del país. Le fueron impuestos 14 años de cárcel. El mismo frente propició el año pasado la condena a otro comandante del mismo grupo, Bosco Ntaganda, conocido como Terminator, que fue declarado culpable de 18 cargos de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en el 2002 y el 2003, lo que le ha supuesto una pena de 30 años de prisión, la máxima que puede imponer dicho tribunal.
Jefes de Estado en ejercicio
La acción de la CPI también se ha desplegado contra jefes de Estado en ejercicio. Lo hizo sobre el que fuera dictador libio Moamar el Gadafi, y su hijo Saif el Islam, contra los que se decretó una orden de captura al ser acusados de ser autores de crímenes contra la humanidad. La misma acción penal se desarrolló contra el presidente sudanés Omar al Bashir, acusado de genocidio en Darfur, donde perdieron la vida unas 300.000 personas desde el año 2003 y casi tres millones fueron expulsados de sus hogares. La orden de detención data del 2009 y Sudán prometió el año pasado entregarlo, lo que no ha sucedido todavía.