La decisión judicial «se centra únicamente en la migración», subrayó Judit Varga, ministra húngara de Justicia, que celebró en Twitter el fallo: «[El Constitucional] ha dejado claro que tenemos derecho a negarnos a vivir con pueblos distintos de los que hemos compartido un destino común durante siglos». Por su parte, Orbán se apresuró a interpretar que su Gobierno cuenta ya con «una fuerte barrera legal» que ampara sus políticas antimigratorias.
«Analizaremos los detalles legales de ese fallo», aseguró un portavoz de la Comisión Europea. Recordó en una valoración «muy preliminar» que son los Estados los que tienen la obligación de «implementar» las resoluciones del TJUE. Hungría, alineada con Polonia en sus conflictos con Bruselas, sigue sus pasos también en esta derivada jurídica. En octubre su Constitucional planteaba que varios artículos de los Tratados de la UE no eran compatibles con la Carta Magna polaca.
