Gobierno y oposición quieren controlar el mayor sindicato cocalero
11 oct 2021 . Actualizado a las 05:00 h.Bolivia ha sido sacudida, en las últimas semanas, por un conflicto con el objetivo de controlar uno de los mayores sindicatos de coca del país. Más de 60 personas han resultado heridas, y 70 han sido detenidas, en unas movilizaciones con trasfondo político, que han dejado tocado al Gobierno de Luis Arce, delfín del expresidente Evo Morales. La tensión estalló el pasado 20 de septiembre, cuando decenas de campesinos, la mayoría provenientes de la región cocalera de los Yungas, fueron desalojados de la sede del sindicato Adepcoca, único mercado de la planta en la región capitalina de La Paz. La acción fue llevada a cabo por un grupo rival, aliado del Movimiento al Socialismo (MAS) de Arce y Morales, contando con apoyo policial.
Unos días antes, Arnold Alanes, afín al oficialismo, se había declarado líder de Adepcoca, asegurando haber ganado, por aclamación, unos comicios que los Yungas no reconocen. Argumentó también que el fin del mandato de la actual directiva expira en el 2022. El desalojo dio paso a dos semanas de enfrentamientos entre los Yungas, que arribaron en masa desde la región cocalera, y la policía.
Pretendían el control del edificio, de cinco plantas, de Adepcoca, que sirve también como gigantesco mercado, donde cada día se venden 48.000 kilos de coca. La cocaína es legal en Bolivia, y la planta es consumida, generalmente mascada, desde antes del período incaico.
Los enfrentamientos fueron duros. La policía lanzó gases lacrimógenos contra unos manifestantes que llegaron a arrojar dinamita ante el estupor de los habitantes de Villa Fátima, el barrio del norte de La Paz donde está ubicado el edificio.
Los campesinos consiguieron su objetivo esta semana y lograron retomar el control de Adepcoca, tras lograr cruzar las barreras policiales, desplazando de la dirección a los afines al MAS, y debilitando la posición del Gobierno. Aseguran que realizarán un nuevo proceso electoral en los próximos días, mientras los aliados del Ejecutivo plantean abrir otra sede para la comercialización de coca, extremo muy criticado por los opositores, que amenazan con más movilizaciones. Los orígenes del conflicto entre los Yungas y el MAS se remontan al 2017, cuando fue aprobada una ley que incluyó al Chapare dentro del área cultivable de coca en Bolivia. Evo Morales está próximo a retomar completamente el control del sindicato cocalero de esa región, organización que dirigió durante tres lustros, y que le lanzó al estrellato.
Se calcula que la mayoría de la producción de coca en el Chapare va a parar al narcotráfico, caso contrario de la proveniente de los Yungas.
Este no es el único conflicto rural abierto en Bolivia. Una marcha indígena llegó hace unos días a la ciudad de Santa Cruz, después de recorrer, durante días, a pie, la distancia que separa a la Chiquitania amazónica de la mayor urbe boliviana. Exigen conformar un diálogo con el Gobierno para evitar la llegada de colonos de etnias andinas y agricultores a sus territorios, algo fomentado, según ellos, por el Ejecutivo del MAS.
El Gobierno respondió asegurando que la movilización tiene tintes políticos y que está siendo organizada por los líderes de la oposición.
Los movimientos contrarios a Evo Morales han organizado, por su parte, una jornada de huelga nacional convocada -en principio- para hoy, en reclamo al cese de los arrestos de políticos que trabajaron en el Ejecutivo de la expresidenta interina conservadora Jeanine Áñez (2019-2020). «Ellos están buscando impunidad. El pueblo boliviano busca justicia», dijo el viernes el vicepresidente, David Choquehuanca, ante el desafío opositor de hoy.
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