Según la Fiscalía, este caso fue presentado como parte del Proyecto Niñez Segura, una iniciativa nacional para combatir la creciente epidemia de explotación y abuso sexual infantil. La iniciativa, que reúne recursos federales, estatales y locales fue lanzada en 2006 por el Departamento de Justicia para «ubicar, detener y enjuiciar mejor a las personas que explotan a los niños a través de Internet, así como para identificar y víctimas de rescate».
