Sarkozy, condenado a un año de cárcel por financiación ilegal de su campaña del 2012

asunción Serena PARÍS / E. LA VOZ

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Sarkozy, a su llegada al Tribunal Correccional de París.
Sarkozy, a su llegada al Tribunal Correccional de París. YOAN VALAT | Efe

El expresidente deberá llevar un brazalete electrónico si se confirma el fallo

30 sep 2021 . Actualizado a las 20:21 h.

La Justicia francesa considera que Nicolas Sarkozy es culpable de la financiación ilegal de su campaña para las elecciones presidenciales del 2012 y le ha condenado a un año de prisión. El antiguo presidente de la República francesa no tendrá que ir a la cárcel, pero sí deberá usar un brazalete electrónico durante un año si la pena es confirmada en segunda instancia.

La gravedad de los hechos, teniendo en cuenta que se trataba del entonces jefe del Estado y de que con su actuación creaba una situación de desigualdad con el resto de candidatos a la presidencia, ha llevado a los jueces a aplicarle la pena máxima.

Nada más conocer la sentencia, el abogado de Nicolas Sarkozy, Thierry Herzog, anunció que van a presentar un recurso. «El presidente Sarkozy jamás ha pedido que lo traten mejor que a otro, pero no hay ninguna razón para tratarlo peor», dijo Herzog en referencia a la dureza de la pena, ya que el tribunal va más allá de los seis meses de prisión firme que había solicitado el fiscal, mientras que durante el juicio, la defensa había insistido en que lo que reprochaban a Sarkozy era «un error, no un delito».

En el 2012, Sarkozy y un equipo reducido de personas decidieron preparar una campaña presidencial a base de mítines espectaculares por toda Francia organizados por Bygmalion, empresa especialista en la creación de eventos. Pronto se encontraron con el problema de que los gastos superaban el límite de los 22 millones de euros fijados por ley, y decidieron que había que establecer un sistema de facturas falsas que pagaba el partido, entonces la UMP, para ocultar los excesos.

«‘Shows’ a la americana»

Como señaló este jueves la presidenta del Tribunal Correccional, Sarkozy siguió organizando esos «shows a la americana» pese a que había sido advertido «por escrito del riesgo de sobrepasar» el límite autorizado, dando muestras de «ligereza». Para los jueces no se trataba de un simple «error» puesto que «no era su primera campaña y tenía una experiencia de candidato».

El expresidente francés solo ha sido juzgado por financiación ilegal de campaña, mientras que las otras trece personas que también comparecían en el mismo proceso, antiguos responsables de Bygmalion y de la UMP, también han sido condenados por fraude por la creación del sistema de doble facturación para disimular el exceso de gastos, cercano a los 20 millones de euros.

No es la primera vez que la Justicia francesa condena a Sarkozy. En marzo, se le impuso una pena de tres años de prisión, uno de ellos firme, por corrupción y tráfico de influencias en el marco del llamado caso de las escuchas telefónicas.

La policía tenía pinchados los teléfonos del expresidente de Francia y de su abogado Thierry Herzog porque sospechaba que Sarkozy había financiado su campaña presidencial del 2007 con fondos libios. Esto les llevó a descubrir un «pacto de corrupción», como lo calificó el tribunal. Sarkozy pretendía ayudar a un alto magistrado francés a obtener un puesto de prestigio en Mónaco a cambio de que este le facilitase información sobre la decisión que iba a tomar el Tribunal Supremo sobre las agendas que le habían sido requisadas en el marco del caso Bettencourt (el abuso ante la situación de vulnerabilidad de la heredera de L’Oréal).

La financiación de la campaña presidencial del 2007 es el otro tema que Sarkozy tiene pendiente con la Justicia. El antiguo jefe del Estado está procesado por «corrupción pasiva», «malversación de fondos libios», «financiación ilegal de campaña» y «asociación de malhechores». Solo por el asunto de malversación de fondos públicos libios se enfrenta a 5 años de prisión y 375.000 euros de multa.

El nombre de Sarkozy también aparece en otra investigación por tráfico de influencia y blanqueo de crimen sobre sus actividades de consulting en Rusia.