«Jeanine Áñez está en un estado de salud crítico», alerta su letrado
INTERNACIONAL
La expresidenta interina de Bolivia lleva en prisión desde marzo
20 sep 2021 . Actualizado a las 08:28 h.La expresidenta interina boliviana, Jeanine Áñez, cumple seis meses en prisión preventiva, mientras su salud continúa deteriorándose. Sus familiares y médicos han señalado que la política conservadora, de 54 años, sufre de depresión nerviosa e hipertensión. La exmandataria, recluida en un penal de la capital, La Paz, habría intentado quitarse la vida a finales de agosto, haciéndose un corte en un brazo.
«Es una situación urgente. Si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no nos concede medidas cautelares [de protección] es muy probable que estemos hablando del fallecimiento de Jeanine Áñez Chávez. Ella se encuentra en un estado crítico de salud. Su vida se encuentra en peligro», dijo la semana pasada, a la cadena CNN en Español, Luis Guillén, abogado de Áñez, reclamando una defensa en libertad.
«Ella me dice que no quiere vivir, que ya está cansada», ha señalado también Carolina Ribera, una de las hijas de Áñez, líder de los movimientos sociales que reclaman su liberación.
La política conservadora ascendió desde su puesto como vicepresidenta segunda del Senado a la jefatura del país, en noviembre del 2019, mediante un polémico proceso de vacancia presidencial, en un momento de máxima tensión, después de que el exmandatario izquierdista Evo Morales (2006?2019) renunciase, tras ser acusado de orquestar un fraude electoral, mientras se daban masivas protestas en las calles, y habiéndose producido presiones de la policía y el Ejército.
Gobernó hasta noviembre del 2020, cuando fue sustituida por Luis Arce, el delfín de Morales, que ganó la repetición de los fallidos comicios del 2019. Áñez fue encarcelada preventivamente en marzo, tras ser detenida en el marco del caso Golpe de Estado. El proceso judicial ha sido dividido en dos partes. La exmandataria está acusada de terrorismo, sedición, y conspiración. Es investigada también por genocidio por las acciones militares y policiales que dejaron 22 muertos en Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto), en los primeros días de su mandato, consideradas como «masacres» por la CIDH.
«Se está ante delitos de lesa humanidad. Los mismos tienen máxima sanción. El Estatuto de Roma establece que un hecho como la masacre, las ejecuciones extrajudiciales, merecen 30 años», señaló en agosto el ministro de Exteriores, Rogelio Mayta, dejando claro la posición del Gobierno. La Fiscalía pidió el jueves una ampliación de seis meses de la detención preventiva.
Áñez ha denunciado persecución política, mientras la acusación considera que la exmandataria fue una de los máximos responsables de un golpe de Estado en el 2019.
Decisión pendiente
Todos los ojos están puestos ahora sobre la CIDH, que debe decidir sobre la petición de medidas cautelares reclamada por los abogados de la política. No hay plazo estipulado para la respuesta del organismo internacional.
«En el penal de Miraflores ella goza de atención médica permanente y entendemos, sin prejuzgar ni adelantar criterio, que la CIDH va a valorar todos estos argumentos que ha presentado el Estado boliviano, y va a determinar que esta solicitud no corresponde», dijo el miércoles César Siles, viceministro de Justicia, sobre la decisión que tiene en tensión a la oposición boliviana.