Maduro y Guaidó inician en México sus negociaciones con pocos visos de éxito

pedro garcía otero CARACAS / CORRESPONSAL

INTERNACIONAL

Miraflores Press

La oposición llega fortalecida tras el respaldo de Capriles al proceso

13 ago 2021 . Actualizado a las 09:18 h.

Es ya formalmente un hecho que el régimen de Nicolás Maduro y la oposición venezolana iniciarán este viernes negociaciones en México para intentar desbloquear el juego político, con mediación de Noruega, y con Argentina, Francia, Países Bajos y Rusia como garantes de un acuerdo sobre el que Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea expresaron eta semana su máximo interés.

Marcelo Ebrard, canciller mexicano, lo anunció en sus redes sociales: «La cancillería noruega nos ha comunicado que las partes que participarán en el diálogo sobre Venezuela han entrado a fase final de sus pláticas exploratorias, a fin de iniciar negociaciones en nuestro país».

El funcionario confirmó que los tres delegados de Maduro (el gobernador Héctor Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional no reconocida internacionalmente, Jorge Rodríguez, y el hijo del mandatario y también diputado de esa asamblea, Nicolás Maduro Guerra), se reunirán cara a cara, por tercera vez desde el 2017, con Juan Guaidó, Stalin González y Tomás Guanipa, los tres negociadores por parte de la oposición, que a su vez responden a las diversas facciones de la coalición opositora venezolana.

En el 2017, con la mediación de República Dominicana, y en el 2019, ya con Noruega, los intentos de negociación entre el régimen y la oposición fracasaron de forma rotunda. La de hace cuatro años, de hecho, llevó a la cita electoral precipitada a mayo del 2018 en la que Maduro se proclamó ganador sin que la comunidad internacional reconociese el proceso por falta de las mínimas garantías. Hace dos años los contactos no pasaron de la fase exploratoria, y no se anunció ningún resultado.

Triunfos y derrotas iniciales

Para este proceso, Maduro recibió un primer revés esta semana, cuando Noruega y México no invitaron a la «oposición» que reconoce a su régimen, y que está conformada por un grupo de políticos que se apropiaron, mediante una decisión del Tribunal Supremo de Justicia, de las tarjetas de los principales partidos de la Mesa de la Unidad Democrática. Algunos de esos políticos, como Timoteo Zambrano o José Brito, manifestaron su desazón por no haber sido convocados a una negociación en la que Maduro -quien siempre se refiere a «las oposiciones»- había pedido que participaran.

La oposición, por su parte, parece llegar fortalecida a la mesa, después de que Henrique Capriles, uno de los líderes más críticos con Guaidó, respaldara las negociaciones en México, en las que Guanipa representa a su partido, Primero Justicia.

Las exigencias iniciales de Maduro son tres: que se eliminen las sanciones contra su régimen, que se reconozca su legitimidad y la de la Asamblea Nacional elegida en el 2020, y que se le traspasen los activos internacionales que tiene congelados o que maneja la «presidencia interina», representada por Guaidó, a quien reconocen como mandatario provisional 59 países.

Las peticiones iniciales de la oposición también son tres: un cronograma electoral que comience con elecciones presidenciales «libres, justas y verificables»; la liberación de todos los presos políticos; y que Maduro permita la entrada masiva de ayuda humanitaria, incluyendo vacunas contra el covid-19. Venezuela es hoy el país latinoamericano con menor porcentaje de población vacunada.

Delitos de lesa humanidad

Fuera de esta negociación quedan los procesos que contra Maduro y varios funcionarios de su régimen cursan en Estados Unidos, que ya ha indicado que «se sentará al lado de Guaidó» en la mesa de negociación, aunque es obvio que no directamente; y también la investigación que cursa contra el régimen venezolano el Tribunal Penal Internacional (TPI) por presuntos crímenes de lesa humanidad.

Sobre esta investigación, ayer se divulgó el último documento elaborado por la exfiscala general Fatou Bensouda, según el cual el TPI puede investigar el caso venezolano por la inacción de sus autoridades ante las denuncias de violaciones de derechos humanos. El caso venezolano queda a las puertas de una investigación formal del tribunal.