Nadie (salvo los implicados) sabe por ahora quién ordenó el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse; puesto que todo indica que se ha tratado de un asesinato de encargo. Hace un año que el país es escenario de constantes manifestaciones de protesta, a menudo violentas, contra el Gobierno de Moïse, a causa de su corrupción e ineficiencia. Pero, esto, ni es nuevo (las protestas se suceden puntualmente cada año desde hace una década, al menos) ni parece que sea esa ira popular la que se ha cobrado la vida del presidente. Según las fuentes oficiales, la operación para matar a Moïse fue una acción de profesionales, probablemente mercenarios, que se hicieron pasar por agentes de la DEA norteamericana y que, según ha trascendido, hablaban en español entre ellos (las lenguas de Haití son el criollo haitiano y el francés). Pétion-ville, el barrio elegante de Puerto Príncipe en el que residía el presidente Moïse, es uno de los lugares más seguros del país; ni siquiera las numerosas bandas criminales que campan a sus anchas por la capital pueden entrar allí fácilmente. De modo que es legítimo sospechar (aunque esto no deje de ser una conjetura) que detrás de este asesinato está la decisión de alguna parte de la élite política haitiana de poner fin al tortuoso mandato de Moïse.
Desgraciadamente, las polémicas que envolvían a Moïse no son una excepción, sino parte de una terrible rutina de la política haitiana desde hace tres décadas: un líder que llega al poder con un programa reformista más o menos sincero, pero que en seguida se siente obstaculizado por la lucha entre facciones del Parlamento o en su propio partido y decide gobernar por decreto. Llega un punto en que sus enemigos en esa élite política son tan numerosos que pueden coaligarse para derrocarle. Utilizando casos de corrupción e ineficiencia (que, por desgracia, son casi siempre verdad) se agitan las calles, y a ello le sigue la revuelta dentro del propio partido, el golpe de Estado o, excepcionalmente en este caso, el asesinato.
Es un procedimiento de sustitución de gobernantes que no garantiza, precisamente, la estabilidad. Ciertamente, tampoco en este caso. Según las leyes haitianas, al presidente asesinado debería reemplazarlo el presidente del Tribunal Supremo; pero este ha muerto recientemente de covid-19. La asunción del poder por parte del primer ministro en funciones, Claude Joseph, no es constitucional y tendría que ser refrendada por el Parlamento, cuyo mandato ya ha expirado. Joseph ha declarado el estado de sitio en el país, lo que en principio parece justificado para evitar que se extiendan aún más los disturbios. Pero es fácil que esto acabe derivando en un nuevo Gobierno por decreto que reinicie el círculo vicioso de la política haitiana.