Putin se blinda ante los comicios de septiembre con el ataque a las estructuras de Navalni

La Justicia rusa ha blindado al Kremlin frente a eventuales reveses electorales con la prohibición de las organizaciones del encarcelado líder opositor Alexéi Navalni, cuyo entorno prometió no quedarse de brazos cruzados y continuar la labor de su movimiento político. «Ahora nuestras oficinas se convertirán en unidades políticas autónomas que actuarán de forma independiente», dijo en un vídeo la mano derecha de Navalni, Leonid Volkov.

El acoso al entorno de Navalni se ha recrudecido en los últimos días. La Justicia rusa ilegalizó este miércoles el Fondo de Lucha contra la Corrupción —azote del enriquecimiento ilícito entre altos cargos rusos— , el Fondo para la Protección de los Derechos de los Ciudadanos y la red de oficinas del opositor, al declararlas «extremistas» e impedir así a sus miembros y seguidores presentarse como candidatos a elecciones a cualquier nivel.

El fallo implica que cualquiera que se haya asociado con estas organizaciones o las haya apoyado de alguna forma no pueda presentarse a cargos públicos durante cinco años. Además, los empleados y los que tratan de dar continuidad a las organizaciones prohibidas afrontan la amenaza de hasta seis años de cárcel.

Varios expertos coinciden en que la ilegalización de las estructuras de Navalni busca «limpiar» el espacio político de cara a las elecciones legislativas del 19 de septiembre. Según el analista Vladislav Inozémtsev, las autoridades rusas han alcanzado un nuevo nivel en la «creación de un Estado totalmente fuera del control de los ciudadanos».

«Navalni ha creado una plataforma virtual que puede funcionar sin vinculación con un lugar concreto. Ahora la emigración ya no es como en los setenta, da lo mismo desde dónde trabajas», señala sobre el posible descabezamiento de la oposición el economista y colaborador de Navalni Vladimir Milov, refugiado en el extranjero.

Reproches de todo el mundo

Oleg Jomutínnikov, del grupo opositor Rusia Abierta, declarado como «organización indeseable», opina que en períodos preelectorales las autoridades son más vulnerables y hacen todo lo posible para blindarse ante escenarios imprevistos. Agrega que Putin ha conseguido sus objetivos «a corto plazo» y volverá a tener un «Parlamento de bolsillo».

El propio Navalni asoció el fallo con las prisas del Kremlin por impedir el apoyo ciudadano al voto inteligente en las elecciones de septiembre, una campaña ideada por él para respaldar a quien tenga más opciones de derrotar al oficialista Rusia Unida.

Las críticas internacionales al fallo no se hicieron esperar. La UE tachó de «infundada» la decisión, que representa el golpe «más serio» a la oposición independiente por parte del Gobierno ruso hasta la fecha. La medida, cree Bruselas, tendrá consecuencias «de gran alcance» para la sociedad civil rusa y las voces críticas en el país. El Departamento de Estado de EE.UU. consideró que «Rusia criminaliza uno de los pocos movimientos políticos independientes que quedaban» y Londres calificó de «perversa» la sentencia.

Movimiento ilegalizado

La Justicia rusa ilegalizó este miércoles varias organizaciones asociadas al líder opositor Alexéi Navalni, entre ellas su movimiento político, al declararlas «extremistas» e impedir así a sus miembros y seguidores presentarse como candidatos a elecciones a cualquier nivel, incluidas presidenciales.

«Por decisión judicial, las organizaciones sin ánimo de lucro Fondo de Lucha contra la Corrupción (FBK) y Fondo para la Protección de los Derechos de los Ciudadanos (FZPG) fueron liquidadas, las actividades del movimiento público «oficinas de Navalni» fueron prohibidas», señaló el Tribunal Municipal de Moscú.

En una vista que duró 12 horas y media y que se celebró a puerta cerrada por tratarse de un caso clasificado como «secreto», el juez satisfizo la demanda de abril pasado del fiscal de Moscú, Denís Popov, de declarar «extremistas» al movimiento del opositor, actualmente en prisión por un antiguo caso penal.

La Fiscalía alegaba que «los objetivos reales» de las actividades de las organizaciones de Navalni «son crear las condiciones para cambiar los cimientos del orden constitucional, incluido a través de la 'revolución de color», en alusión a las revueltas populares en el espacio promovidas desde el exterior, según Moscú.

El Ministerio Público sostuvo en la vista que las organizaciones organizaron de manera regular «acciones masivas no autorizadas que a menudo acabaron en disturbios» e implicaba a menores en estas actividades, lo que creaba «una amenaza a su vida», en referencia a las protestas en apoyo a Navalni tras su encarcelamiento. La defensa tiene ahora 10 días para recurrir la sentencia.

Iván Pávlov, líder de «Equipo 29», ONG que participa en la defensa de las organizaciones de Navalni, indicó que llegará hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Según la defensa, «nunca se presentaron pruebas adecuadas de la culpabilidad» en el caso por supuesto extremismo.

La sentencia no fue ninguna sorpresa para Navalni ni para su equipo, dado que tanto el FBK -azote del enriquecimiento ilícito entre altos cargos rusos- y el FZPG ya fueron declarados «agentes extranjeros» en el 2019 y el 2020, respectivamente.

Desde entonces ha habido innumerables detenciones de los aliados del opositor, registros en sus casas y en las oficinas de Navalni, casos penales por supuesto fraude y congelaciones de activos.

Leyes contra Navalni

La ley antiextremismo de Rusia, aprobada primero hace 19 años y que inicialmente estaba dirigida contra el terrorismo, ha sido enmendada varias veces para endurecerla y es conocida en el exterior sobre todo por la persecución de más de 250 miembros de los testigos de Jehová desde que fueron clasificados como extremistas en el 2017.

Bajo esta ley, los empleados, así como aquellos que cometen «acciones deliberadas relacionadas con la continuidad o renovación» de las organizaciones de Navalni, afrontan «hasta seis años de cárcel», según la defensa.

La sentencia de este miércoles tiene otras consecuencias más allá de lo penal, ya que la semana pasada el presidente ruso, Vladimir Putin, promulgó una ley que ya se conoce como «Ley antiFBK», informa Efe. Esta ley prohíbe a cualquier persona involucrada en las actividades de organizaciones consideradas extremistas presentar sus candidaturas en elecciones locales y federales.

Navalni no se rinde

El propio Navalni, que decidió ya el pasado 29 de abril adelantarse a la decisión judicial y disolver su red de oficinas para proteger a sus colaboradores de la persecución penal, aseguró hoy a través de su equipo que, pese a todo, no se rendirá.

«¿A quién le importa cómo nos llamen? No somos un nombre, ni un trozo de papel ni una oficina. Somos un grupo de personas que unimos y organizamos a los ciudadanos de Rusia que están en contra de la corrupción, (luchamos) por unos tribunales justos y la igualdad de todos ante la ley«, dijo. «Hay millones de ellos y mientras estén, no iremos a ninguna parte», escribió en Instagram.

Además, pidió a sus seguidores su apoyo al «voto inteligente» de cara a las elecciones de septiembre, una campaña ideada por él que consiste en respaldar al candidato que tenga más opciones de derrotar al representante del gobernante Rusia Unida.

El Kremlin considera que esa campaña, que ha permitido desbancar a los oficialistas de varias asambleas parlamentarias regionales, es «un instrumento de injerencia extranjera en las elecciones rusas».

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