El Gobierno ha movilizado a 7.000 antidisturbios para evitar manifestaciones ilegales en el aniversario de la matanza de estudiantes perpetrada por el Ejército chino en 1989
03 jun 2021 . Actualizado a las 21:16 h.Las medidas anticovid y la aplicación de la nueva ley de Seguridad Nacional impiden que los hongkoneses se reúnan este viernes para celebrar la tradicional vigilia del 4 de junio en homenaje a las víctimas de Tiananmen. Por segundo año consecutivo se prohíben las concentraciones y para evitar que, pese a ello, la gente participe en manifestaciones ilegales, el Gobierno de Carrie Lam ha movilizado a 7.000 antidisturbios.
El parque Victoria se ha cerrado al público. Es el escenario donde durante 30 años se han concentrado miles de personas, con velas, para rendir homenaje a los estudiantes que murieron cuando el Ejército chino aplastó las protestas en la plaza de Tiananmen en 1989. Hong Kong era el único sitio en suelo chino donde se recordaba la matanza. En China la censura incluso impide que salgan resultados en Internet si se busca «sucesos de Tiananmen».
Al igual que el año pasado los riesgos de salud pública son la razón oficial esgrimida para prohibir la manifestación, a pesar de los pocos casos de covid que se registran en la excolonia.
Es la situación política lo que ha cambiado desde la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Nacional el 30 de junio del 2020. Los gases lacrimógenos de la policía ya no son el principal problema al que se enfrentan los manifestantes; después vienen las detenciones y un proceso penal. La normativa penaliza la secesión, la subversión, el terrorismo y la connivencia con fuerzas extranjeras, pero el texto es suficientemente ambiguo para que corear consignas contra el Gobierno chino o hablar con un periodista extranjero pueda ser considerado delito de subversión. Antes de la entrada en vigor de la ley, la libertad de expresión, reunión y prensa estaba amparada por la Constitución de Hong Kong.
La semana pasada se conoció la condena de hasta 18 meses de cárcel a diez activistas por participar u organizar manifestaciones ilegales, entre ellos el magnate de la prensa de Hong Kong Jimmy Lai, que ya cumplía condena por hechos similares. Lai, de 73 años, es propietario del diario Apple Daily, muy crítico con el Gobierno chino. A principios de mayo la policía también le congeló bienes por valor de 53 millones de euros, que incluyen las acciones del diario poniendo en riesgo su viabilidad. Es solo un ejemplo de los estragos que ha provocado la nueva ley en el movimiento prodemócrata. La mayoría de sus líderes están pendientes de juicio, en la calle o en el exilio por su participación en las protestas del 2019.
Joshua Wong, dirigente destacado de la revolución de los paraguas, cumple 27 meses de prisión a la espera de diversos juicios pendientes que irán aumentando la condena. Sus padres se instalaron en Australia para evitar presiones y su compañero de partido Nathan Law partió al exilio. El Partido Demócrata, principal fuerza de la oposición, ha sido descabezado. Ocho de sus principales dirigentes están a la espera de juicio o ya sentenciados. Entre ellos, su fundador Martin Lee, de 82 años, y redactor de la Constitución de Hong Kong. A ellos les siguen una larga lista de políticos de otras formaciones y activistas.
A este panorama hay que añadir que el 28 de mayo se ratificó la reforma de la ley electoral, diseñada en Pekín, que reduce los escaños elegidos por sufragio universal y permite solo a los «patriotas» presentarse a las elecciones.
Una muestra del clima político que se vive en Hong Kong es el cierre el pasado martes del Museo del 4 de junio, sobre Tiananmen. Ha sido clausurado por no tener licencia, aunque llevaba diez años abierto sin problemas.