CARACAS / CORRESPONSAL

Tras un mes de combates entre el Ejército venezolano y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la situación del estado venezolana de Apure, fronterizo con el departamento colombiano de Arauca, se ha complicado hasta el punto de que el propio papa Francisco ha mostrado su preocupación.

Jorge Bergoglio pidió a Dios «que ninguna intervención de afuera les impida (a los venezolanos) caminar este camino de unidad nacional», lo que fue interpretado por muchos analistas como una alusión al conflicto que se inició el 21 de marzo, y una velada acusación al Gobierno colombiano. También, en una iniciativa muy inusual, la Iglesia venezolana y la colombiana emitieron un comunicado conjunto en el que piden a sus gobiernos dialogar para poner fin al conflicto, que ya ha dejado al menos 20 muertos, unos 6.000 desplazados y un número indeterminado de detenciones arbitrarias. Un panorama denunciado por Human Rights Watch como de «atrocidades».

Las relaciones entre los gobiernos de Nicolás Maduro y de Iván Duque se encuentran rotas desde enero del 2019, cuando el Gobierno colombiano reconoció como presidente interino a Juan Guaidó. Mientras el régimen bolivariano acusa diariamente al Gobierno colombiano de abandonar la frontera común y de instigar la presencia de las disidencias de las FARC, desde Bogotá, y desde la oposición venezolana liderada por Guaidó, acusan a su vez al mandatario chavista de utilizar la Fuerza Armada venezolana para favorecer a Jesús Santrich e Iván Márquez, exguerrilleros de las FARC que se alzaron en el 2019 contra los acuerdos de paz que suscribieron en el 2015.

Las relaciones entre el chavismo y las FARC, así como con la otra guerrilla colombiana, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) se han mantenido durante toda la duración de la revolución bolivariana. En el 2008, cuando el Gobierno de Álvaro Uribe abatió en la frontera con Ecuador al comandante fundador de las FARC Pedro Marín, Hugo Chávez ordenó trasladar batallones a la frontera, y casi se disparó un conflicto fronterizo.

En amplias zonas de Apure y de su vecino estado de Táchira operan tanto las FARC como el ELN desde hace más de 20 años, señala Javier Tarazona, director de Fundaredes, una oenegé que investiga la violencia en la frontera colombovenezolana. Y de ambos grupos se dice que controlan el Arco Minero del Orinoco; una zona de 110.000 kilómetros cuadrados en la que el régimen de Maduro se dedica a la extracción de oro, y que se considera el más grave ecocidio que se está realizando en el hemisferio occidental en este momento.

Opacidad y muertes

Lo cierto es que la muerte de un número indeterminado de efectivos militares (el Ministerio de la Defensa venezolano dice que ocho, pero otras fuentes dicen que hasta 16) y los problemas que ha tenido el Ejército venezolano para recuperar los cadáveres han puesto en el candelero a la Fuerza Armada, a la cual, desde Caracas, se percibe más débil que a las disidencias de las FARC, naturales del terreno que pisan y con 60 años de experiencia de combate contra el Estado colombiano.

Mientras el ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino, enumera «nueve campamentos de irregulares destruidos, seis artefactos explosivos desactivados y seis terroristas neutralizados» (eufemismo para hablar de que fueron abatidos), Guaidó afirma que Maduro «está permitiendo que masacren a nuestra gente».

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El Ejército venezolano se estrella contra la disidencia de las FARC y arde la frontera con Colombia