redacción / la voz

Los detractores de Maduro miran hacia La Haya con la esperanza de que la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) decida abrir una investigación formal por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Es un paso que dan prácticamente por sentado si, como apuntan, la oficina que dirige Fatou Bensouda «actúa pegada a derecho».

Venezuela ratificó el Estatuto de Roma en junio del 2000, con Chávez al frente del Gobierno, lo que abrió la puerta a que el alto tribunal tenga desde julio del 2002 competencias para examinar los supuestos crímenes cometidos en el país sudamericano.

Durante estos últimos años, tanto el Ejecutivo chavista como la oposición han solicitado la intervención de La Haya para frenar supuestos abusos, en una internacionalización de la disputa que se prolonga desde hace varios años y que podría llevar a un punto de inflexión a corto plazo.

De las dos carpetas preliminares que tiene abiertas la Fiscalía del TPI, la más antigua («Venezuela I») deriva de una denuncia presentada por varios países del Grupo de Lima. Sobre la mesa están los supuestos abusos cometidos por las fuerzas chavistas desde abril del 2017 y, en términos generales, la represión de las protestas contra Maduro.

El año pasado, la oficina de Bensouda concluyó que hay indicios «razonables» de que pudieron cometerse crímenes contra la humanidad. Estos indicios fueron celebrados como un aval por parte de la oposición que encabeza Guaidó, que desde el 2019 se reivindica como «presidente encargado» de Venezuela.

«Venezuela II» examina por petición del Ejecutivo de Maduro si se han cometido crímenes contra la humanidad «como resultado de la aplicación de las medidas coercitivas ilegales adoptadas por el Gobierno de Estados Unidos».

Decisión a la vista

El Estatuto de Roma no establece un plazo límite para cerrar las investigaciones preliminares, pero Bensouda ya adelantó que prevé dar algún paso antes de dejar la oficina en junio. A partir de ahí, el británico Karim Khan tomará las riendas de la Fiscalía.

Fuentes de la oficina fiscal han confirmado a Europa Press, informa la agencia, que el calendario planteado por Bensouda se mantiene, es decir, que la «decisión final» sobre «Venezuela I» llegará «en la primera mitad de 2021».

La abogada y política venezolana Delsa Solórzano, miembro de la Asamblea Nacional elegida en el 2015 e implicada en la campaña de denuncias internacionales, asegura que no dispone de más información que la que la propia fiscala facilitó en los últimos meses, si bien confía en que el resultado será positivo para su causa.

Si las pesquisas avanzan, llegará el momento de señalar a responsables «con nombres y apellidos». Solórzano cree que en la lista deberían figurar «desde Maduro a altos jerarcas del régimen, jefes de las policías de Venezuela».

Bensouda (o su sucesor, llegado el caso) tiene vía libre para visitar Venezuela cuando así lo considere, en virtud de un permiso que le confiere el Estatuto de Roma y del que no gozan otros funcionarios internacionales.

Colombia despliega el Ejército en la convulsa frontera venezolana

héctor estepa
Desplazados venezolanos cruzan en un bote desde La Victoria, en Venezuela, a Arauquita, en en territorio colombiano
Desplazados venezolanos cruzan en un bote desde La Victoria, en Venezuela, a Arauquita, en en territorio colombiano

Los enfrentamientos en la zona han provocado una crisis humanitaria, por la huida de 4.000 venezolanos

La crisis en una de las fronteras más calientes del mundo se agudiza. Colombia ha desplegado al Ejército en el estado de Arauca, limítrofe con Venezuela. El ministerio de Defensa ha tomado la decisión tras los duros combates de los últimos días entre militares venezolanos y, según los indicios, disidencias de las antiguas FARC presentes en el país vecino. Los enfrentamientos han provocado una crisis humanitaria, después de que, al menos, 4.000 personas hayan cruzado la frontera en busca de refugio en Colombia.

El objetivo de los militares colombianos desplegados -el número podría rondar los 2.000- es el de atender a los desplazados y garantizar la seguridad. «También verificar con esos controles que, dentro de la población desplazada, no se vayan a mezclar integrantes de los grupos armados organizados residuales que están siendo atacados en territorio venezolano», dijo el general Mauricio Zabala a Caracol Radio.

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La oposición confía en el Tribunal de La Haya para vencer a Maduro