La ONU documenta 10 años de crímenes de guerra en Siria frente a la  inacción internacional

Ls civiles han pagado un alto precio por la barbarie de un régimen y de las facciones apoyadas por actores extranjeros

Ahmad Hamra y sus hijos fuera ante su tienda de campaña en un campamento sirio para desplazados, en el norte de Alepo
Ahmad Hamra y sus hijos fuera ante su tienda de campaña en un campamento sirio para desplazados, en el norte de Alepo

Agencias

La comisión de investigación de la ONU para Siria presentó este jueves un informe que documenta diez años de crímenes de guerra en el conflicto civil de ese país, perpetrados por todas las facciones. Los investigadores, liderados por Paulo Pinheiro, concluyen que, una década después del inicio de las protestas contra el régimen de Bachar al Asad, las partes enfrentadas siguen sin mostrar un mínimo respeto por la población civil, beneficiadas por «la intervención selectiva y la negligencia lamentable» de la comunidad internacional, informa Efe y Europa Press.

Las partes en conflicto habrían supeditado los derechos fundamentales a los objetivos políticos, hasta el punto de que «ninguna familia siria ha salido indemne» de un conflicto en el que los ciudadanos de a pie «han pagado el precio de un Gobierno brutal y autoritario que ha desplegado una violencia abrumadora para aplastar a la disidencia», según Pinheiro.

La mitad de los sirios, sin hogar

El informe, número 33 que elabora esta misión, se presentará el próximo 11 de marzo en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pocos días antes de que se cumplan diez años de un conflicto que, señala el documento, ha forzado a dejar sus hogares a la mitad de la población y condenó a la extrema pobreza a seis de cada diez sirios.

«Niños, mujeres y hombres de Siria han pagado el precio de un régimen autoritario que actuó violentamente para aplastar la disidencia, mientras el oportunismo de algunos actores extranjeros, en forma de financiación, armas y otras influencias, avivó un fuego que el mundo se ha limitado a ver arder», señaló en la presentación del informe el presidente de la misión, el brasileño Paulo Pinheiro.

El documento de 31 páginas concluye que desde marzo del 2011 la población civil ha sufrido abusos que en algunos casos constituyen «crímenes de guerra, contra la humanidad, y otros delitos internacionales, incluyendo el de genocidio».

Hospitales, objetivo de los bombardeos

El informe subraya por ejemplo que el régimen de Bachar al Asad ha usado la supuesta lucha antiterrorista para ordenar bombardeos indiscriminados a objetivos civiles que incluyen hospitales, instalaciones médicas, escuelas o tiendas.

«Tanto el Ejército sirio como las fuerzas aéreas rusas [que lo apoyan] han atacado zonas residenciales, incluyendo mercados concurridos en pleno día, con artefactos explosivos de amplio alcance, asesinando e hiriendo a civiles en ataques que suponen crímenes de guerra», subraya la investigación.

Este tipo de ataques a objetivos civiles también fueron perpetrados por otros actores del conflicto, como el Estado Islámico, las milicias kurdas, la alianza islamista Hayat Tahrir al Sham (el antiguo Frente al Nusra) o la coalición apoyada por Estados Unidos, asegura el informe.  «La financiación, las armas y otros apoyos oportunistas a las partes desde el exterior han echado leña a este fuego», lamentan los investigadores.

Más de una treintena de ataques químicos

También se denuncia que a lo largo de diez años de conflicto se han detectado al menos 38 ataques con armas químicas, de los que se comprobó que como mínimo 32 fueron obra de las fuerzas gubernamentales sirias y uno del Estado Islámico.

Lejos del frente de batalla, han sido habituales las ejecuciones y mutilaciones de soldados, tanto por parte del Ejército sirio como de las fuerzas opositoras y el Estado Islámico, así como los ataques, amenazas, detenciones y asesinatos de periodistas, uno de los objetivos prioritarios del régimen de Al Asad.

Otros crímenes documentados incluyen saqueos, ataques a patrimonio cultural (especialmente, aunque no exclusivamente, por parte del Estado Islámico), asedios de ciudades o denegación de ayuda humanitaria, esto último, denuncia el informe, con la aquiescencia del Consejo de Seguridad de la ONU.

De los 22 millones de habitantes que tenía Siria antes de la guerra, más de 11,5 millones están desplazados, incluyendo más de cinco millones como refugiados en otros países, especialmente de la región (Turquía, Jordania, Líbano, Egipto o Irak).

Un diálogo fallido

El informe concluye con una renovada petición de un alto el fuego permanente, garantizado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y países clave en el conflicto, así como justicia y rendición de cuentas ante los crímenes perpetrados en la guerra.

Esta llamada se produce en un momento en el que las negociaciones entre el Gobierno sirio y la oposición para intentar elaborar una constitución de consenso, que desde 2019 se llevan a cabo en Ginebra, parecen haber llegado a un punto muerto.

«No puede esperarse a que el conflicto termine para una reparación que los sirios han pedido repetidamente en cuestiones como los desaparecidos, los detenidos arbitrariamente (...) y la ayuda psicosocial, especialmente a niños y víctimas de violencia sexual y de género», comentó el miembro de la misión Hanny Megally.

El informe, elaborado con más de 8.000 entrevistas, documenta más de 3.200 presuntos perpetradores de crímenes de guerra y otros abusos, pertenecientes a distintas facciones del conflicto. 

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