Londres flexibiliza su postura sobre la pesca para propiciar el pacto
INTERNACIONAL
Barnier teme que no haya tiempo para pulir los detalles y acordar el «brexit»
03 dic 2020 . Actualizado a las 05:00 h.Cuando resta menos de un mes para que se materialice el brexit, las negociaciones entre el Reino Unido y la UE para pactar su relación futura están ya en sus horas finales y «cruciales», según ambas partes. Y en lo que parece un último intento de lograr un acuerdo, el primer ministro británico, Boris Johnson, ha movido ficha en el asunto de la pesca, uno de los grandes obstáculos.
El premier ha propuesto a los Veintisiete que le entreguen hasta el 60 % de las capturas que hagan en sus aguas territoriales, en lugar del 80 % que venía exigiendo en los últimos días. Así lo trasladó el jefe negociador comunitario, Michel Barnier, a los miembros del Parlamento Europeo y a los embajadores de los estados miembros, según The Guardian.
Esta es la segunda oferta concreta que Londres hace en los últimos dos meses para tratar de superar este escollo. Semanas atrás propuso un período de transición de tres años, durante el cual la flota comunitaria podrían continuar faenando en sus aguas, aunque cada año serían menos los barcos y las capturas que podrían realizar. Pese a que los negociadores comunitarios habrían valorado «positivamente» la propuesta, Barnier reconoció ante los eurodiputados que no sabe si habrá tiempo para finiquitar los detalles y así firmar un acuerdo, según el diario.
Presiones desde la UE
La prensa británica atribuye la cesión de Johnson a la presión que países como Francia, Bélgica e Irlanda están haciendo para poner fin a las interminables conversaciones si Downing Street no hace ningún gesto significativo. Asegura además que desde la UE querían resolver la cuestión pesquera antes que las relacionadas con la competencia y la gobernanza del posible pacto, en las que ambos lados han acercado posiciones en los últimos días.
Pese a que la pesca no representa ni el 1 % del PIB británico, se ha convertido en una línea roja para el Gobierno y los partidarios del brexit, que hicieron de ella una de sus grandes banderas en el referendo del 2016. Un sector que en el 2019 generó 446 millones de libras (492 millones de euros) pone en riesgo hoy al del automóvil, que facturó 49.000 millones de libras (54.000 millones de euros) o al financiero -126.000 millones (138.000 millones de euros)-.
Johnson quiere arrebatarle a los jueces y al Parlamento sus potestades
Como primer ministro, Boris Johnson tiene la última palabra en muchos asuntos relacionados con la política y la economía británica. Sin embargo, quiere más poder y por ello está preparando una reforma legal que le permitirá recuperar la potestad de disolver el Parlamento, sin tener que contar con el aval de la mayoría de los diputados y, de paso, impedirá a los tribunales la posibilidad de revisar esa decisión.
El premier pretende reducir las facultades de los legisladores y de los jueces derogando la Ley del Mandato Parlamentario Fijo del 2011, que establece que los miembros de la Cámara de los Comunes serán elegidos para un período de cinco años y que cualquier adelanto electoral debe ser aprobado por dos tercios de los legisladores (434 de 650).
El instrumento fue aprobado durante el primer Gobierno del también tory David Cameron y buscaba darle estabilidad a los Ejecutivos, en especial a aquellos que fueran de coalición o que necesitaran del respaldo de otras formaciones políticas. No obstante, la norma ha sido suspendida temporalmente en dos ocasiones, en el 2017 y en el 2019, mediante otras leyes, para permitir la convocatoria de las generales celebradas en ambos momentos.
Pero Johnson no solo quiere poder disolver el Parlamento, como hicieron casi todos sus antecesores, sino también incluir una disposición que impida que la decisión pueda ser revisada por los tribunales, aun cuando algún ciudadano así lo pida. «Esto reafirmará la tradición de que hay decisiones del Gobierno que no pueden ser revisadas por la Justicia y traerá más claridad», justifica el Gabinete.
Muchos ven en esta maniobra una represalia de Johnson contra el Tribunal Supremo, que el otoño pasado declaró ilegal su decisión de suspender las sesiones del Parlamento cinco semanas, en plenas negociaciones sobre el brexit y con la excusa de que estaba preparando el discurso de la Reina.
Los cambios fueron rechazados desde Electoral Reform Society, una organización que impulsa una reforma electoral en el Reino Unido que permita que el Parlamento represente realmente a la sociedad británica. «Cualquier plan para otorgar al Ejecutivo más poderes debe ser examinado cuidadosamente y visto con precaución», afirmó Jessica Garland, miembro de la entidad, quien abogó por modificaciones que permitan descentralizar el poder y que hagan que la Cámara de los Comunes sea más plural de lo que es.